La Regiduría de Cultura del Ajuntament de Palma aclaró ayer cómo se ha desarrollado el proceso de compras de 19 obras de arte para ampliar el fondo municipal, con un coste de 150.000 euros, como respuesta a las críticas de la Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB). Esta patronal denuncia «falta de transparencia» y, además, estudia una posible «impugnación legal de la convocatoria».
La AAVIB lamenta que en las bases de la convocatoria no se indicara expresamente que el informe de la comisión evaluadora no fuera a ser vinculante. Asimismo, exigen que por «política de transparencia» se haga público quiénes componen el Servei de Cultura, «que ha realizado la selección final». Sin embargo, lo más grave para la asociación «es la negativa de Cultura de hacer público el precio de las obras adquiridas, que incumplen tácitamente las bases de la convocatoria, ya que en estas debe publicarse información sobre la selección anunciada, es decir, quién es el vendedor, galería o artista, las características de las obras y el precio final de cada una de las adquisiciones». Finalmente, Cort dio ayer a conocer el coste de todas y cada una de las piezas adquiridas.
Respuesta
En su defensa, desde el Ajuntament aclararon que «en todo momento se han seguido escrupulosamente los pasos del procedimiento establecido, respetando las diferentes fases del proceso y siguiendo los criterios acordados con las entidades del sector implicadas, entre ellas la propia AAVIB, representada por la artista Amparo Sard. También participaron profesionales de Es Baluard Museu, el colectivo de mediación TAULA, la Associació de Crítics i Comissaris de les Illes Balears y la de Gestors Culturals de les Illes Balears.
Desde Cultura de Cort detallaron también que «todas las obras que se han adquirido salen de las propuestas de la comisión de expertos, siguiendo sus recomendaciones como la inclusión de artistas emergentes o no representados en el fondo municipal»; que todo el proceso ha sido supervisado por el cronista de la ciudad, en calidad de responsable de dicho fondo y de velar por los criterios de conservación; además, se han tenido en cuenta «el criterio económico» y respetado «los porcentajes de género que incluía el informe de la comisión de expertos».