El Teatre Principal de Palma ha recurrido a nuevas contrataciones después de que efectuara en febrero de 2012 un recorte de plantilla, una amortización de plazas que afectó a ocho trabajadores. Desde entonces, y según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, varias personas han sido contratadas para asumir las tareas de aquellos empleados despedidos sin indemnización. El último caso se ha producido este mismo mes de agosto, según confirman algunas fuentes, con el refuerzo del equipo de administración.
El abogado de los extrabajadores del Principal, Pablo Alonso de Caso, confirmó que a principios del pasado febrero solicitó al Juzgado de lo Social nº 1 que contemplara la petición de los contratos de toda naturaleza realizados por la dirección del Teatre Principal de Palma desde aquella fecha, ya que, junto al nuevo caso, «refuerzan la tesis de la demanda de que no hay una amortización real, de que se subcontratan empresas y se establecen relaciones laborales con otras personas para desempeñar las mismas tareas». Por ello, el letrado valora que existe «una extinción fraudulenta de esas plazas».
En el escrito remitido a la jueza se confirma que esos contratos pueden acreditar que hay nuevo personal o empresas externas asumiendo, entre otras, las labores de producción musical y teatral, diseño gráfico, servicio de apoyo taquilla, o comunicación y márketing. Todas ellas, tareas propias de los empleados despedidos. La petición fue admitida en parte por la jueza, y ha sido recurrida. El juicio está previsto para octubre.
Compromiso
Las contrataciones realizadas desde entonces se habrían producido pese a que en un escrito del 23 de febrero de 2012, y en otros, con registro y firma de la directora gerente del Teatre Principal de Palma, Margalida Moner, la fundación muestra su compromiso de que «ninguna de las amortizaciones de puestos de trabajo propuestas responde a la externalización de servicios». Un ejemplo de que se ha incumplido es que se ha recurrido a una empresa para labores de taquilla, márketing, diseño de cartelería o programas de mano.
Desde UGT, Aurelio Martínez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos, opinó que «desde el principio consideramos que estos despidos se hicieron con irregularidades, sin negociación, sin indemnización y con fraude de ley». Martínez añadió que esta nueva contratación en el área administrativa demuestra que «los despidos se hicieron para contratar a empresas y a las personas que querían. De hecho, han aumentado el personal político. Los hechos demuestran la existencia de nepotismo en la Administración pública».