Un juzgado de lo Social decidirá en los próximos meses sobre el despido de siete empleados del Teatre Principal de Palma el pasado 29 de febrero, después de que ayer no se llegara a ningún acuerdo durante un acto de conciliación celebrado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de les Illes Balears ( TAMIB).
El Principal se enfrenta, pues, a dos demandas. Por una parte, la interpuesta por dos delegados sindicales, y, por otra, la de otros cinco trabajadores, que también fueron despedidos por la institución, que justificó los hechos en «una amortización de plazas». «Consideramos que no existe una amortización real porque se han contratado a otras personas para desarrollar esas tareas», explicó el abogado Pablo Alonso de Caso Lozano.
Los dos sindicalistas reclaman el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales y una indemnización por daño moral de 15.000 euros, «derivado de discriminación y lesión de derechos fundamentales, y subsidiariamente improcedente frente a la Fundació Teatre Principal y Margarita Moner, directora gerente del teatro», recoge la demanda.
El letrato explicó que el despido y el trato que se ha ejercido responde «a la voluntad de quitarse de encima a estos dos delegados sindicales que supervisaban el proceso de reestructuración de la plantilla del Teatre Principal» y en la demanda se recuerda que no se ha tenido en cuenta la consideración de numerus clausus de estas dos personas «por su condición de delegados de personal en la empresa y delegado de la sección sindical de la UGT en la empresa».
Los otros cinco empleados, que han presentado una demanda conjunta, solicitan la declaración de su despido como improcedente.
El juicio podría celebrarse pasado el verano.