El Consejo de Ministros aprobó ayer la supresión del canon digital, que se sustituirá por un sistema de protección de copia privada. Asimismo, se regula la Comisión de Propiedad Intelectual -integrada dentro de la ley Sinde- para proteger los derechos de los creadores.
Así lo señaló la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde aseguró que con esta medida el Gobierno «cumple un compromiso electoral de suprimir el canon» tal y como habían acordado las Cortes a iniciativa del PP. El canon se sustituirá por una compensación cuyos criterios fijará el Gobierno por Real Decreto.
En esta línea, se activa la ley Sinde al regular la comisión de Propiedad Intelectual para proteger los derechos de los creadores. Según Sáenz de Santamaría con esta medida se cumple con la Ley de Economía Sostenible para proteger los derechos de los propietarios y creadores «frente al expolio lucrativo».
«Sólo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, contra quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros», ha advertido Sáenz de Santamaría.
Respecto al canon, el Gobierno elaborará en el plazo de dos meses un Proyecto de Ley que contemple una compensación económica calculada a partir del perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado. Dicha cantidad será determinada por el Gobierno y «recogida en los Presupuestos Generales del Estado tras el diálogo con los sectores afectados, y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea». Y respecto a la piratería, el Gobierno aprueba una norma que José Luis Rodríguez Zapatero detuvo al final de su mandato, debido, tal y como él mismo admitió, a las críticas en contra en internet y la discrepancia entre sus ministros.
Por su parte, la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde afirmó que ley antipiratería que lleva su nombre es una «buena solución que lo que busca es perseguir a las páginas, que son muchas, que se lucran, y no perseguir al usuario». González-Sinde destacó que se trata de un mecanismo «que va a permitir desarrollar una oferta legal a precios asequibles, a precios competitivos, y el desarrollo de la cultura en la red».