La Societat Arqueològica Lul·liana solicitó oficialmente hace unos días al Consell la protección de Can Lis, la casa que el arquitecto danés Jorn Utzon se construyó en los años setenta sobre un acantilado de Portopetro y que ahora ha sido comprada por la Utzon Foundation de Dinamarca. La Lul·liana ha registrado una petición para que la administración insular la declare Bien de Interés Cultural (BIC).
Este hecho coincide casi en el tiempo con la publicación de la noticia de la adquisición de Can Lis, de la que este diario informó el pasado sábado, aunque desde la Arqueològica comentan que «la decisión de hacer la solicitud al Consell se aprobó en la junta de gobierno que tuvimos el 19 de octubre, aunque ha sido ahora cuando la hemos registrado». En su escrito, se expone que al considerar que Can Lis constituye un «ejemplo de la arquitectura contemporánea, no sólo de Mallorca, sino también a nivel mundial», se concluye que «este patrimonio merece la máxima protección jurídica que permita la preservación de sus valores reconocidos internacionalmente». Por ello «se solicita la declaración como Bien de Interés cultural (BIC)», así como «un entorno de protección». Cabe recordar que la casa carece de cualquier protección patrimonial y que Santanyí no tiene catálogo municipal. Desde el Consell confirman que han recibido la petición.
Can Lis es un conjunto de cubos de marés separados por patios en el que Jorn Utzon, Premio Priktzer de Arquitectura, combinó las técnicas de la construcción tradicional mallorquina con la arquitectura contemporánea. De hecho, la casa se convirtió en lugar de peregrinación para arquitectos de todo el mundo, por lo que Utzon y su familia se replegaron a otra edificación situada en el interior de la Isla.
Según explicaron desde la Lul·liana, Can Lis necesita «rehabilitación, cirugía, una puesta al día», pues «está deteriorada, el marés, en primera línea de mar, se desintegra lentamente debido a la acción del salitre». De momento, en el Consistorio de Santanyí dicen que no han autorizado obras en el inmueble. Sin embargo, alguien ha solicitado en el Consell dicho permiso porque, desde Demarcación de Costas, confirmaron a Ultima Hora que el 22 de julio el Consell les pidió un informe que concluya si ésta obra afectaría al dominio público marítimo terrestre. Desde Costas aclararon que «tenemos un mes» para emitir una respuesta y recordaron que este organismo no es una autoridad urbanística, por lo que carece de potestad para conceder o denegar permisos de obras. Eso es «competencia del Consell», dijeron.