En un comunicado enviado ayer por la Sección d'Arqueologia del Colegio de Licenciados, estos profesionales piden al Consell Insular que, ante el anunciado, hace más de un año, cierre del Centre d'Arqueologia i Restauració de Son Rossinyol, «se busque una alternativa inmediata».
Cabe recordar que el centro, inaugurado en junio de 2005 cuando Bartomeu Vicens era conseller de Territori del Consell, en una possessió cuyo alquiler costaba a las arcas del Consell 5.000 euros al mes, nunca llegó a estar operativo como espacio de investigación y los arqueólogos lo han utilizado como almacén para guardar los restos arqueológicos hallados en las excavaciones. Si acaso, por lo que ha podido saber este diario, un par de estos profesionales, como mucho, han utilizado Son Rossinyol para investigar.
En el comunicado de la Secció d'Arqueologia se critica que la consellera de Cultura del Consell, Joana Lluïsa Mascaró, aún «no ha dado respuesta» a las peticiones de esta entidad sobre «cuál era el protocolo para poder acceder a las instalaciones». Los arqueólogos, además, recuerdan que en la anterior legislatura había «dificultades para saber quién podía trabajar o depositar [materiales] en Son Rossinyol». Asimismo explican que Mascaró les ofreció la gestión de este espacio y que fue rechazada «porque consideramos que esta labor es obligación y competencia de la Administración competente, en este caso, el Consell de Mallorca».