M.RAMIS/M.DIAZ/A.LARGO
Después de que este periódico anunciara que, según unos documentos, el Castell d'Alaró podría ser del Estado, el senador autonómico Pere Sampol aseguró ayer que el lunes solicitará al Gobierno una confirmación de la titularidad de la fortificación.
Sampol explicó que, en caso de que así lo ratificara el Gobierno, también solicitará que se alcance algún tipo de convenio con las administraciones de Balears para garantizar la preservación de las murallas, que actualmente están en estado ruinoso. El senador aclaró que, «en principio, el Gobierno debería contestar a principios del mes de septiembre» y añadió que, «según la respuesta que obtengamos, estudiaremos presentar una moción».
Cabe recordar, como adelantó ayer Ultima Hora, que en un expediente de 1969 se explica que el castillo era propiedad del Estado «en virtud de las leyes desamortizadoras». Mateu Marcús, portavoz del PSM en el Ajuntament d'Alaró y presidente de la Fundació Castell d'Alaró -integrada por representantes de la Iglesia, del Ajuntament y del Consell- aseguró: «Solicitaremos una reunión con el delegado del Gobierno en Balears, Ramon Socías, para que se hagan las investigaciones pertinentes y, en caso de confirmarse que el castillo pertenece al Estado, se alcance un convenio con la fundación y se trabaje en la rehabilitación y preservación de las murallas».
Por su parte, la familia Ordinas, que hasta el momento ha reclamado la titularidad del Castell, prefirió ayer no hacer declaraciones al respecto. Mientras, desde la Conselleria de Cultura del Govern confirmaron ayer que en 1983 cuando tuvo lugar el traspaso de transferencias a la Comunidad Autónoma no figuraba el Castell d'Alaró dentro del mismo, como sucedió con otros edificios patrimoniales. Aunque desde Cultura i Patrimoni del Consell no quisieron hacer declaraciones hasta que no se confirme nada, este periódico pudo corroborar que la institución insular ya se ha puesto en contacto con el Ministerio para tratar de esclarecer si el edificio es estatal.
Asuntos pendientes
La familia Ordinas presentó el pasado mes de septiembre una demanda contra el Obispado de Mallorca, a quien reclamaba la propiedad de los edificios de obra nueva de la Taverneta, los establos y una serie de terrenos limítrofes a estos edificios.
Además, en esta demanda se solicitaba la suspensión cautelar de las actividades que se llevan a cabo en estos edificios hasta que no se resolviera el caso. Sin embargo, a pesar de que el juzgado admitió a trámite la demanda de la familia Ordinas, todavía no se ha celebrado el juicio ni se ha decretado la suspensión cautelar, ya que tanto el Ajuntament d'Alaró como el Consell de Mallorca han solicitado personarse en el juicio.
Asimismo, la familia Ordinas ya ha reclamado en varias ocasiones anteriores la titularidad del Castell d'Alaró y el verano pasado solicitó la suspensión de la carretera pública que sube al Castell, ya que aseguraban que invadía su propiedad.
La dirección de Patrimoni del Consell de Mallorca, desde el inicio de esta legislatura, se ha puesto en contacto con la familia Ordinas con el fin de alcanzar un consenso para la preservación de dicha fortificación como monumento y poder estudiar así los valores arqueológicos.