56 profesores de historia de universidad han firmado un manifiesto en el que afirman que «la memoria democrática debe asentarse sobre la aceptación de la realidad histórica y de sus consecuencias».
El manifiesto pretende responder a «recientes y polémicas manifestaciones de altos representantes institucionales acerca de aspectos sensibles de nuestro pasado común» y añade que, «aún reconociendo la existencia de distintas memorias sobre la guerra civil, resultan incuestionables tanto las explícitas intenciones antiautonomistas del bando sublevado en 1936 como la persecución específica que el régimen franquista victorioso aplicó contra las lenguas y los signos de identidad de catalanes, valencianos, mallorquines vascos o gallegos».