El Parlamento convalida con los votos del PP-A el decreto que fija más criterios para autorizar VTC en Andalucía

El Parlamento convalida con los votos del PP-A el decreto que fija más criterios para autorizar VTC en Andalucía

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en el Pleno del Parlamento andaluz | Foto: JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

| Sevilla |

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los únicos votos a favor del PP-A, la abstención de Vox y el rechazo de los diputados del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el decreto ley aprobado hace dos semanas por el Gobierno de la Junta que establece más criterios para otorgar las autorizaciones de vehículos de turismo con conductores (VTC).

De igual modo, el Pleno del Parlamento ha rechazado, con los votos de PP-A y Vox, que, tras su convalidación, el decreto se tramite como proyecto de ley.

Se trata del Decreto-ley 2/2025, de 11 de junio, por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía en materia de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, cuya aprobación, el pasado 11 de junio, justificó el Gobierno andaluz al comprobar que «en los últimos meses se ha producido un crecimiento exponencial de las solicitudes» de autorizaciones de VTC.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha intervenido en el Pleno del Parlamento en defensa de este decreto, que fue aprobado hace dos semanas por el Consejo de Gobierno andaluz, que explicó entonces que el otorgamiento de autorizaciones para VTC venía limitado por la proporción 1/30 --una licencia por cada 30 de taxis existentes--, que fue desestimada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2023.

En su sentencia, fijaba que sólo podían constituir razones de interés general criterios de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público de una conurbación, así como de protección del medio ambiente.

Ante este escenario, el legislador estatal estableció como requisito para otorgar las autorizaciones de VTC --a través del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio-- la protección de la mejora de la calidad del aire y reducción de emisiones de CO2.

El número de autorizaciones se podía modular hasta este momento con el criterio medioambiental. Sin embargo, desde la Junta han percibido que se ha producido «un cambio brusco en el mercado con la proliferación exponencial de vehículos eléctricos».

Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley estatal, en junio de 2023, sólo se presentaron 23 solicitudes en Andalucía. Sin embargo, desde el 1 de enero hasta mediados de abril se han registrado 1.373 solicitudes, frente a las 3.713 autorizaciones de VTC que hay vigentes en Andalucía.

La proliferación de estos vehículos eléctricos, que están exceptuados del cumplimiento de criterios medioambientales, «puede implicar un crecimiento descontrolado del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte y romper con el equilibrio y la armonía dentro de este sector y en su relación con el sector del taxi».

Ante este escenario, desde el Gobierno andaluz han explicado que se elaborará «un estudio técnico sobre la gestión de la oferta del transporte en los vehículos taxi y VTC en Andalucía para mejorar la regulación de estos servicios».

"criterios objetivos" para la concesión de autorizaciones de vtc

Este estudio fijará «criterios objetivos para la concesión de autorizaciones de VTC, conforme al régimen jurídico de la legislación estatal, que habilita a las comunidades autónomas para establecer requisitos para velar por la buena gestión del transporte».

Se trata, «en definitiva, de determinar la dimensión actual del servicio público, la calidad del servicio prestado y la dimensión adecuada de la flota, para identificar un coeficiente de equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios de transporte en vehículos de turismo que haga viable la sostenibilidad del sistema», sostienen desde el Gobierno andaluz.

Mientras se elabora este estudio, quedan «suspendidas las autorizaciones ordinarias». Esta suspensión, con un periodo máximo de aplicación de dos meses, afecta tanto a las autorizaciones que se puedan solicitar a partir de la entrada en vigor del decreto ley, como las «pendientes de otorgamiento en cualquier fase del procedimiento».

Sin comentarios

No hay ningún comentario por el momento.

Lo más visto