El Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado este viernes la buena acogida que ha tenido por diferentes autonomías la propuesta defendida por Euskadi y Canarias en la Conferencia de Presidentes para el reparto en la acogida de menores migrantes, sin que haya habido «enfrentamiento» ni «rechazo frontal» a que se realice en base a indicadores económicos y sociales de cada comunidad autónoma.
Pradales, que ha hecho especial hincapié también en las medidas que ha propuesto para hacer frente a la escasez de médicos, ha asegurado que, si hay voluntad política por parte del Gobierno del Estado, son fáciles de poner en marcha porque no requieren medios económicos adicionales, sino que sean gestionadas directamente por Euskadi.
El Lehendakari ha comenzado su intervención en la comparecencia posterior a la celebración de la Conferencia de Presidentes de Santander asegurando que ha participado en este foro para defender los intereses de Euskadi, con «espíritu constructivo, de diálogo, de colaboración y de búsqueda de acuerdos».
Tal como ha explicado, la reunión ha sido «correcta en las formas, pero, en cuanto a sus contenidos, »ni se ha acordado ni se ha avanzado el nivel que la sociedad y la ciudadanía esperan, y que los tiempos exigen«. »Desgraciadamente, la pugna política polarizada sigue estando en el Estado instalada y yo creo que esto no debe ser lo que prevalezca", ha afirmado.
El Lehendakari ha subrayado que él no ha ido a Santander «a pasar el día ni a la bronca política del Estado», sino a hacer propuestas concretas «para responder a los retos que tiene Euskadi» y aumentar el bienestar de los vascos.
22 medidas
En concreto, ha puesto sobre la mesa 22 medidas en materia de Sanidad, gestión de la migración, vivienda y fondos europeos. En cuanto al impulso de la Sanidad y a la falta de profesionales sanitarios, ha dicho que se les debe dar respuesta, y ha afirmado que, «ante circunstancias excepcionales, es necesario arbitrar soluciones excepcionales».
Por eso, ha trasladado al presidente Pedro Sánchez que se eleve la edad máxima de ejercicio de la profesión médica voluntaria a los 72 años en atención primaria, y que se transfiera a Euskadi la capacidad de acreditación de las unidades y centros docentes para médicos residentes, con el fin de que pueda definir dónde realizarán sus residencias los nuevos facultativos.
También ha reclamado que se autorice un periodo transitorio de tres años para habilitar a médicos sin especialidad para ejercer en periodos estivales, realizar de manera presencial el proceso de elección de las plazas MIR, «que no ocurre desde que se suspendió a raíz de la pandemia de la Covid», agilizar la convocatoria MIR de especialistas médicos en emergencias o acelerar el proceso de homologación de títulos de especialistas profesionales formados en el extranjero.
A su juicio, las reivindicaciones que ha planteado son «fáciles de llevar a cabo si hay voluntad política en el Gobierno español porque no requieren medios económicos adicionales, sino que implicarían exclusivamente la transferencia de la capacidad de gestión directa a Euskadi».
En el ámbito de la financiación sanitaria, ha transmitido a Sánchez que «el pago de Euskadi al Fondo de Compensación Sanitaria es absolutamente incomprensible y desproporcionado» porque, «siendo el 4,7% de la población en el Estado», Euskadi ha pagado el 53% del fondo. Por tanto, ha exigido la revisión de los datos y criterios para realizar esos cálculos.
Gestión de la migración
Pradales ha defendido, además, que la migración «es una cuestión humanitaria y de derechos humanos», y no se puede «mirar para otro lado». También ha considerado que los problemas derivan de la falta de planificación y anticipación, y por eso, «urge un plan estratégico de migración».
En este sentido, ha recordado que los Gobiernos canario y el vasco consideran «necesaria una mejor coordinación» en cuanto a migrantes en edad adulta y menores sin referentes familiares. También ha reiterado que Euskadi debe ser considerada «frontera norte y contar con una mayor dotación de recursos para atender con dignidad a las personas en tránsito».
Canarias y Euskadi han demandado que se modifique la Ley de Extranjería para contar con mayores competencias en materia de inserción sociolaboral, y conceder autorizaciones iniciales de trabajo a las personas extranjeras.
En cuanto a menores no acompañados, han propuesto un acuerdo de acogida «estable, de calidad y corresponsable entre todas las comunidades autónomas y el Estado» para garantizar «un reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo entre las diversas comunidades autónomas».
El modelo de distribución que han propuesto, según ha resaltado, es "distinto, novedoso y basado en una fórmula de cinco indicadores: población total de acogida (la media de menores acogidos por 100.000 habitantes los últimos seis meses), PIB per cápita, tasa de desempleo y solidaridad,, entendida como menores acogidos los últimos cinco años.
Según ha asegurado, este «ha generado expectación y ha tenido una acogida buena y positiva por parte de diferentes presidentes autonómicos de partidos políticos distintos», en concreto por Cataluña Aragón, además del Gobierno de España. «Esto abre un hilo de esperanza a que se pueda trabajar. No hemos llegado a más, pero no ha habido un rechazo frontal ni ha habido un enfrentamiento», ha señalado.
A preguntas de cómo ha sido recibida su petición de que Euskadi sea considerada «Frontera Norte», ha señalado que en el encuentro no ha llegado a acuerdos, y ha emplazado a que, «cuando se vayan a producir estos foros, previamente haya un trabajo de cocina». «Desgraciadamente, hoy no salimos con más compromiso que el de la foto juntos», ha aseverado.
Vivienda
En materia de Vivienda, ha planteado tres demandas al Gobierno del Estado y dos consideraciones adicionales. En primer lugar, que se articule un nuevo paquete de inversiones para construir vivienda protegida, así como para regenerar y rehabilitar el parque de vivienda.
En segundo lugar, ha reclamado modificar la Ley de Suelo de ámbito estatal para agilizar trámites urbanísticos que permitan disponer de más suelo para construir viviendas protegidas. «El Gobierno español se ha mostrado favorable», ha aseverado.
La tercera cuestión planteada es que los suelos propiedad del Estado que tengan un planeamiento urbanístico adecuado y pactado con los ayuntamientos para construir vivienda protegida puedan ser transferidos gratuitamente al Gobierno vasco. «Ha habido gran consenso entre los presidentes», ha apuntado.
En cuanto a las dos consideraciones, ha trasladado «la necesidad de revisar y mejorar la Ley estatal de Vivienda», así como coordinar «el papel que vaya a desarrollar la nueva empresa pública de vivienda del Estado», ya que Euskadi cuenta «desde hace años con empresas públicas de promoción de vivienda, Visesa, y de alquiler social, Alokabide».
Compensación vía cupo
Por otra parte, ha reclamado que se analice «cómo podría afectar al sistema del Concierto Económico» la posible condonación de parte de la deuda de las autonomías, tal como ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez, porque Euskadi «contribuye a través del Cupo a las cargas asumidas por el Estado en términos de deuda».
Respecto a los Fondos europeos y los Next Generation, ha señalado que, para maximizar su impacto, es necesario mejorar la gestión, coordinación y distribución de sus recursos". Para ello, ha propuesto descentralizar la gestión de los fondos para que Euskadi tenga capacidad de asignarlos, una mayor rapidez en las asignaciones de esos fondos y flexibilidad en las fechas de ejecución, y negociar con Europa la ampliación de la fecha límite de vencimiento de 2026.