El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han firmado el convenio del Programa María Goyri, que permitirá la incorporación de 1.091 nuevos docentes en las seis universidades públicas de la región (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) y que supondrá una inversión estatal de 169 millones de euros en la región.
Así lo han escenificado este jueves en la sede del Ministerio la ministra del ramo, Diana Morant, y el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, acompañados por los seis rectores de cada una de las universidades: Joaquín Goyache, de la Complutense; Ángel Arias, de la Carlos III; Amaya Medikoetxea, de la Autónoma; Javier Ramos, de la Rey Juan Carlos, José Vicente Saz, de la de Alcalá; y Guillermo Cisneros, de la Politécnica.
El consejero de Educación se ha mostrado contundente en su intervención tras firmar el convenio. «Este convenio hipoteca a la Comunidad de Madrid por valor de 2.000 millones de euros. No es un convenio, es una imposición, una cacicada, un chantaje en el que Pedro Sánchez invita y las comunidades autónomas pagamos», ha expresado Viciana, con argumentos que ya había esgrimido en los últimos días.
Además, también ha criticado que el convenio «pretende acabar con la figura del profesor asociado». «El Gobierno de Pedro Sánchez quiere abolir los puentes entre la universidad y la empresa, quiere aislarla en la ideología y en la dependencia de los poderes públicos», ha mencionado.
Viciana también ha criticado la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), por obligar a «cotizar a los estudiantes en las prácticas». «La gran mentira del convenio es que rejuvenece a las plantillas, porque es un convenio para pagar los costes de la LOSU».
En un tono diferente se ha mostrado el rector de la Carlos III y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA), que ha empezado su discurso diciendo que «hoy es un buen día para la sociedad, es un día de alegría». «El acuerdo es un hito histórico, porque muestra el compromiso conjunto del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid, a la que las universidades públicas agradecemos esta importante apuesta de presente y futuro», ha expresado.
«Queremos destacar que las universidades públicas son una cuestión de Estado, y lo son porque representan un bien común que debe ser protegido y apoyado. Este convenio es un paso para avanzar en esta dirección», ha añadido Arias.
El objetivo principal del programa, al que se han adherido a lo largo de los últimos meses todas las comunidades autónomas, es rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores de las universidades públicas.
Así, de las 1.091 nuevas plazas de la región, el 60% de ellas (656) serán sufragadas por el Gobierno central durante los primeros seis años, con una inversión de 169 millones de euros, y el 40% restante (435) por la Comunidad de Madrid, que se hará cargo de todas estas contrataciones pasado ese sexenio y que está dispuesta a aportar 17,5 millones anuales para afrontar esta actuación ya desde el año 2025.
Negativa inicial de la comunidad de madrid
El acuerdo escenificado este jueves ha llegado tras varios días de tira y afloja entre ambas administraciones por las condiciones planteadas. La ministra Morant envió a principios de diciembre una carta a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en la que le recriminaba que fuera la única comunidad en no aceptar la ayuda económica estatal y criticó «la dramática situación» de las universidades públicas madrileñas.
Unas horas más tarde, fuentes de la Consejería de Educación anunciaron su intención de firmar el convenio, pero mostraron su voluntad de cambiar algunos detalles de la redacción del texto, ya que, según expresaron, «impone contratar a una única figura docente, la de profesor ayudante doctor, y no soluciona otros problemas de plantilla».
Al día siguiente, el Ministerio se mostró contundente y advirtió de que no iba a cambiar el texto original, ya que se planteaban los mismos términos que en el resto de comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular.
Así que finalmente, este lunes el consejero de Educación aceptó la firma del convenio, pero mostró su oposición por la manera en la que se llegó, que tildó de «cacicada». Además, añadió que se había obligado a la Comunidad a elegir entre «lo malo y lo peor». Esta decisión fue ratificada en el Consejo de Gobierno de este miércoles.
El Ministerio argumenta que esta ayuda no es incompatible con otras por parte de las comunidades autónomas, ya que son estas últimas las que tienen las competencias transferidas y las que tienen la responsabilidad de invertir en sus campus.