La Policía Municipal de Madrid, a través de su Comisaría de Medio Ambiente y Urbanismo (CMAU), ha realizado en los últimos meses una extensa investigación sobre la moda de las actividades comerciales de yoga con cachorros en la capital, destapando numerosas irregularidades relacionadas con el bienestar de los animales.
La denuncia inicial fue presentada hace un años por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, que alertaba de posibles irregularidades en estas sesiones, que han ganado popularidad en los últimos años.
Esta práctica, importada de Estados Unidos y extendida a otros países como Canadá, Australia y Reino Unido, llegó a Madrid a finales de 2023. Con campañas agresivas de publicidad en redes sociales, especialmente dirigidas a un público de clase media-alta con inclinaciones animalistas y estilos de vida saludables, las sesiones se realizaron en estudios de yoga ubicados en zonas céntricas y exclusivas de la ciudad.
Los cachorros de perro utilizados en estas actividades eran de razas de alto valor, como Huskys, Labradores, Shiba Inus y Border Collies, seleccionados por su impacto estético. En otras actividades detectadas en paralelo, se usaban otros animales como gatos, hurones o cabras, con la misma problemática.
Aunque los organizadores promocionaban estas sesiones como una experiencia de socialización para los animales, las investigaciones policiales han sacado a la luz numerosas irregularidades en la procedencia, manejo y cuidado de los cachorros.
Falta de documentación y uso como plataforma de venta
En varios casos, se constató la ausencia de documentación legal que acreditara la trazabilidad de los cachorros. Según se detalla en un amplio reportaje publicado en el último número de la Policía Municipal, esto plantea serias dudas sobre su origen y destino, así como sobre las condiciones del transporte y cuidados. Además, detectaron que muchos no cumplían con los requisitos de vacunación ni con los estándares de bienestar animal.
La Policía Municipal también ha señalado que los criadores involucrados en estas actividades podrían estar utilizando las sesiones como una plataforma de venta encubierta, lo que contradice la legislación vigente sobre núcleos zoológicos y centros de cría.
A día de hoy, ocho cachorros permanecen bajo custodia de los servicios municipales al no haberse presentado la documentación requerida que acredite su titularidad, según las mismas fuentes. Además, varias de las empresas investigadas no constaban en los registros oficiales como centros de cría o no contaban con veterinario responsable, tal y como establece la normativa de aplicación para núcleos zoológicos y centros de cría.
También carecían de documentación de transporte adecuado (documento TRACES), donde figure libro registro, o documento informal que acredite de alguna forma la titularidad de los animales.
Respecto a su mantenimiento y cuidados, hubo animales a los que, al carecer de documentación, se tuvo que estimar la edad por la erupción de la arcada dentaria, siendo esta inferior a las 9 semanas, a los que no se les ofrecía alimento ni agua desde las 13:30 horas y hasta la finalización de la sesión, que podía prolongarse hasta las 18 horas, según instrucciones precisas que recibían los supervisores.
Impacto en el bienestar de los cachorros
Un aspecto particularmente preocupante es el impacto que estas actividades tenían en el bienestar de los cachorros. El Cuerpo Local ha destacado que muchos de los animales intervenidos eran menores de nueve semanas y sufrían estrés y sobreexposición durante las sesiones, que podían prolongarse hasta cinco horas sin acceso a agua ni alimento.
El modelo de negocio de estas actividades, altamente lucrativo, se basaba en la subcontratación de estudios de yoga y personal no cualificado. Según la investigación, una empresa con sede en Francia organizaba las sesiones en colaboración con criadores y estudios locales, obteniendo un margen de beneficio elevado sin contar con un domicilio fiscal en España. En ninguno de los casos, se ha aportado todavía documento contractual alguno de dichos acuerdos.
Los precios por sesión oscilaban entre 35 y 40 euros, con una media de 15 a 20 asistentes por clase. Las ubicaciones se revelaban solo a quienes habían completado el pago, y las sesiones se organizaban en modalidad fija (estudios de yoga) o itinerante, incluyendo municipios fuera de Madrid.
Aunque no se han encontrado indicios de maltrato animal grave que justifiquen acciones penales, la Policía Municipal ha identificado suficientes incumplimientos administrativos para iniciar procedimientos sancionadores. Entre las irregularidades detectadas se incluyen la falta de licencias, la ausencia de supervisores cualificados y el incumplimiento de las normativas de transporte de animales.
El caso también ha puesto de manifiesto la falta de regulación en torno a las prácticas comerciales que involucran animales en actividades recreativas. Así, desde la Policía Municipal han instado a los organismos competentes a reforzar los controles sobre este tipo de iniciativas y a investigar posibles conexiones con redes de compraventa ilegal y criaderos masivos.
Además, la investigación ha revelado que los instructores de yoga contratados en estas actividades no cumplían con los requisitos legales de registro como autónomos o profesionales por cuenta ajena. A estas personas les pagaban 20 euros por hora por transferencia sin acreditar estudios sobre bienestar animal alguno.
«La actividad investigada resulta tener un margen de beneficio muy alto a un coste para los promotores muy bajo, ya que no tienen domicilio fiscal o físico en España y los reproches legales inmediatos, de haberlos, son asumidos por los estudios de yoga y los suministradores de animales», señalan.
Por otro lado, los agentes apuntan que el público asistente, en su mayoría personas con alta sensibilidad hacia el bienestar animal, podría considerarse víctima de un engaño. Y es que la publicidad de estas sesiones presentaba la actividad como beneficiosa para los cachorros «sin informar de las condiciones reales en las que se encontraban los animales».
Otro elemento preocupante es la falta de criterios claros en el manejo de los animales durante las sesiones. En varios casos, los cachorros presentaban comportamientos de sobreestimulación, lo que podría generar problemas de salud a largo plazo y cuestiona cualquier supuesto beneficio que estas actividades pudieran tener para los animales.
Las actividades observadas tampoco cumplen con los estándares de terapia asistida con animales, que requieren personal especializado y protocolos individualizados. Según la Policía Municipal, el único objetivo de estas sesiones era el lucro económico, dejando de lado el bienestar de los cachorros.
«La carencia de los requisitos administrativos es un punto en común a todos los casos, y el origen, destino y manejo integral de los centros de procedencia y de las personas responsables debería ser investigado de forma exhaustiva, para comprobar posibles vínculos con redes de compraventa ilegal de cachorros, criaderos masivos o fraude fiscal, entre otros. Las actividades relacionadas son incompatibles con la normativa sectorial aplicable. No se trata de animales de terapia, ya que ésta debe estar individualizada y contar con personal formado y equipos binomiales con animales especialmente seleccionados para tal fin, no siendo posible determinar otro fin que el ánimo de lucro para las partes implicadas, utilizando a los animales como reclamo», apuntan.
Por todo ello, se insta a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa que involucre animales en contextos comerciales, para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.