El incentivo fiscal del 20% para inversores extranjeros que se establezcan en Madrid, conocido como 'Ley Mbappé', llega este jueves a la Asamblea de Madrid con las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición.
Esta norma busca crear una deducción del 20% en el tramo autonómico del IRPF para las inversiones no inmobiliarias de aquellas personas que se establezcan fiscalmente en la Comunidad de Madrid tras haber vivido como mínimo los últimos cinco años fuera de España.
Deberán mantener esta residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años y deberán hacer su inversión el mismo año en el que la cambien para poder acceder a este incentivo.
Asimismo, el contribuyente deberá mantener esta inversión adquirida durante un plazo de seis años y la deducción podrá ser aplicada en el ejercicio en el que se produzca la inversión y «en los cinco ejercicios siguientes inmediatos y sucesivos en el caso de insuficiencia de cuota íntegra».
En la exposición de motivos el Ejecutivo autonómico recoge que dos de cada tres euros que llegan a España como inversión desde el extranjero lo hacen a proyectos que se realizan en la Comunidad de Madrid y que estos flujos han tenido un crecimiento anual en la última década en la autonomía del 9,7% frente al 8% estatal.
En un desayuno informativo en julio la consejera de Economía Hacienda y Empleo, Rocío Albert, defendía que los nuevos contribuyentes que lleguen atraídos por esta deducción no solo tributarán en la Comunidad sino que también consumirán. Además, incidía en que Madrid «necesita» que llegue «gente con talento, con recursos, que trabaje e invierta en Madrid» para también hacer frente a la situación demográfica.
Esta no es la primera vez que este incentivo llega a la Cámara de Vallecas. En la pasada legislatura Vox no apoyó su aprobación haciendo caer el texto, ya que entonces eran un apoyo imprescindible para el PP de Isabel Díaz Ayuso. Ahora la mayoría absoluta 'popular' garantiza que este jueves se rechazarán las enmiendas de la izquierda y del partido de Rocío Monasterio.
Regalos para los ricos, según la izquierda
Esta norma ha sido criticada tanto por PSOE y Más Madrid que la consideran un «regalo fiscal para ricos» como por Vox que, igual que en la legislatura pasada, argumenta que no debería haber beneficios fiscales para extranjeros que no se apliquen a los madrileños.
De hecho, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, señalaba este lunes que esperaba que este jueves se impusiera «el sentido común» y apuntaba que cuando uno preside una autonomía no puede «discriminar» a sus habitantes y «darles peores condiciones».
La enmienda a la totalidad de Vox con texto alternativo plantea modificaciones para poder «extender las deducciones a todos los nuevos inversores» ya sean de la Comunidad de Madrid o del extranjero. «Se incentivará la llegada de nuevos inversores, favoreciendo la generación de empleo, la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las que ya operan, reforzando así a la Comunidad de Madrid como centro de atracción de inversiones, empresas y talento», plantea el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.
Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, señaló el lunes que el modelo de Ayuso supone «representar a muy poquitos», entre ellos a los que «vienen con sus inversiones millonarias aquí no a generar empleo y producción, sino a especular especialmente con la vivienda». Asumía entonces que el PP «impondrá» esta norma con su absoluta. Su enmienda a la totalidad es con devolución al Gobierno, no presenta un texto alternativo.
Por último, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, criticaba esta «trampa de regalos fiscales» que hace que Madrid pierda «6.000 millones de euros» al tiempo que no se garantiza, a sus ojos, que los servicios públicos madrileños «están bien financiados». La enmienda de Más Madrid propone eliminar algunas deducciones fiscales a la inversión y «reconstruir» la progresividad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en su tramo autonómico.
Vivienda, medioambiente y economía, pregunta a ayuso
El debate de la 'Ley Mbappé' llegará tras la sesión de control al Gobierno, que arrancará como cada jueves con las preguntas destinadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión serán sobre las zonas de bajas emisiones (Vox), la protección de vivienda pública (PSOE), medidas para mejorar la calidad de vida de las familias madrileñas (Más Madrid) y la situación económica (PP).
Después llegarán las formuladas a los consejeros, entre las que destacan aquellas sobre reducción de la jornada laboral, la inteligencia laboral, la Línea 7B de Metro, la incorporación de los MIR tras acabar su formación, el racismo o las residencias.
A continuación se debatirán las enmiendas a la totalidad a la 'Ley Mbappé' y posteriormente la enmienda la totalidad presentada por el PSOE frente a la ley que quiere incorporar medidas fiscales para favorecer el acceso a la vivienda y el cambio de residencia a municipios en riesgo de despoblación.
Comparecencia de medio ambiente y moción de sanidad
Tras ello comparecerá el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, para valorar cómo afecta a la calidad del aire la proliferación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en varios municipios de la región. Lo hará tras pedirlo Vox, quien ha remarcado su oposición a las ZBE especialmente tras conseguir tumbar judicialmente las activas en la capital bajo el paraguas Madrid 360.
Posteriormente será el turno de la moción del PSOE subsiguiente a la interpelación del último pleno de septiembre en materia de infraestructuras destinadas a Atención Primaria.
Por último, en el turno de las proposiciones no de ley el PSOE buscará el apoyo de la Cámara para pedir a la Comunidad que asegure la gestión directa en escuelas infantiles 0-3 y garantizar la gratuidad de la educación infantil; mientras que Más Madrid hará lo propio para que el Ejecutivo regional analice el rendimiento energético y huella ambiental de los centros de datos y el calor residual de sus sistemas de refrigeración; y para que despliegue una mesa de emergencia entre los rectores y la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para atajar la «crisis presupuestaria» de las universidades públicas.