La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo de Jorge Azcón «herida un sistema de gestión de los centros de menores que no ha sido eficaz».
Durante su visita a María de Huerva, Vaquero ha defendido el «contundente y solvente» relato de los hechos ocurridos en el Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca (Zaragoza), «después de unos días que han sido muy complicados y en los que ha habido que recopilar mucha información y, sobre todo, garantizar el bienestar, la seguridad, la identidad y la privacidad de los menores»
Ha dejado claro que «para el Gobierno de Aragón lo más importante es el bienestar de los menores, tiene la tutela de esos menores y es quien tiene más interés en que esto se aclare, en colaborar con la Justicia y en que no siga pasando».
Mar Vaquero ha rechazado las críticas de la portavoz de Bienestar Social y Familia del PSOE Aragón, Pilimar Zamora: «Creo que debería ser más responsable»
A su parecer, «en lugar de precipitarse a forzar una salida ante los medios exigiendo responsabilidades, debería ser más responsable, si quiere ser realmente útil ante un tema de extrema sensibilidad, y teniendo en cuenta que es el Partido Socialista quien ha estado gobernando en estos últimos ocho años, quien ha institucionalizado este modelo de gestión, quien ha consentido este modelo de gestión, con quien se ha producido este tipo de mal funcionamiento en cuanto a la comunicación y a la información».
La portavoz del Ejecutivo ha añadido: «En lugar de pedir responsabilidades al actual director del IASS --Ángel Val-- y al actual Gobierno de Aragón, igual tiene que acabar pidiendo responsabilidades a los anteriores responsables del Gobierno de Aragón durante los ocho años que preceden» a esta legislatura.
El Ejecutivo regional va a llevar a cabo la investigación necesaria para «clarificar estos hechos», también «para que no se vuelvan a producir» y poner toda la información a disposición de la jueza Aída Ramírez, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud (Zaragoza), que instruye el caso.
Ha recordado que el Gobierno de Aragón emprenderá las acciones judiciales necesarias y que ya ha aprobado un plan de trabajo que incluye un expediente de investigación «para ver qué ha ocurrido aquí», a lo que se suman otras medidas, como la rescisión del contrato con la UTE que gestionaba el CAM de Ateca.
Elevar las quejas
«También hemos sabido hoy que además algunas de esas denuncias, como el último caso que hemos conocido de una niña, son hechos que se produjeron en 2023 durante el Gobierno del Partido Socialista, y lo que hemos podido conocer es que habiendo puesto esto en conocimiento del Gobierno anterior y de la dirección del IASS, no se le dio importancia».
«Eso es lo que no queremos permitir. No puede ser que este tipo de comunicaciones, que este tipo de incidencias y de quejas no sean elevadas», ha advertido Mar Vaquero, quien ha recordado que se están auditando todos los contratos de centros similares y asimilables.