UGT Aragón considera que la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha fallado contra la legislación española, sobre el despido improcedente es una «decisión histórica y justa», y «no vería serio» que el Gobierno español la incumpliese.
Así lo ha considerado este miércoles el secretario general del sindicato en Aragón, José Juan Arceiz, en una comparecencia para valorar la resolución del órgano europeo encargado de vigilar el cumplimiento por los estados de la Carta Europea de Derechos Sociales, firmada por España en 1996 y no ratificada en su totalidad hasta 2021.
Este Comité, cuya resolución íntegra se dará a conocer el próximo lunes, estima que la legislación española sobre el despido improcedente, reformada en 2012, no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores.
Para el secretario general de UGT Aragón, el sistema español de compensación por despido injustificado, que establece 33 días por año trabajado con un tope de 24 meses, presenta «deficiencias significativas» en cuestiones como la flexibilidad, la adecuación y la capacidad disuasoria, convierte ese despido en «previsible» por cuanto «puede calcularse su cuantía de manera previa, no disuade al empleador de echar mano de ese recurso y no atiende a todo el daño que causa al trabajador», ha enumerado Arceiz, quien ha aludido al «coladero» en el que se ha convertido el despido disciplinario, con un aumento de más del doble desde la última reforma de la legislación laboral.
El órgano europeo también apunta, según ha explicado el portavoz de UGT, «que pasa mucho tiempo» desde que el trabajador es despedido hasta que se resuelve el caso, por lo que ha reclamado la recuperación de los salarios de tramitación, suprimidos desde la reforma laboral de 2012.
Tras conocerse el sentido de la resolución, se ha planteado la cuestión de si esta resulta vinculante o no para el Estado español. Frente a la postura del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que en una reciente entrevista consideró al Comité meramente «consultivo», cuya decisión «no obliga», el secretario general de UGT Aragón ha defendido la obligatoriedad de su cumplimiento: «Lo que hace falta es voluntad y el Gobierno no puede decir alegremente que no es vinculante, porque si lo hace, habría que decirle qué seriedad tiene España como país a la hora de cumplir los compromisos internacionales», ha expresado.
En su argumentación ha recordado que países como Francia, Finlandia e Italia, que también suscribieron la Carta Europea, terminaron adaptando sus legislaciones tras atender el Comité los recursos planteados por diferentes sindicatos de esos países. «Alemania y Austria, por ejemplo, no han suscrito la Carta y sus sindicatos no pueden plantear reclamaciones», ha explicado.
Por ello, Arceiz ha urgido al Ejecutivo central a acometer rápidamente la reforma de la legislación laboral. «Lo que nos gustaría es que esto se adapte rápidamente, es que no hay mucho que pensar, solo hay que cumplir la resolución. Y eso trasladarlo al texto del BOE, nada más. Ahora mismo tenemos el asunto de la Seguridad Social, el de la jornada laboral, del estatuto del becario... Hay una serie de cuestiones que están encima de la mesa del diálogo social y no pasaría nada por llevar también en paralelo esta», ha considerado.
En esa reforma, UGT Aragón apuesta por «aumentar la flexibilidad», de tal forma que los tribunales puedan ajustar la compensación del despido imporcedente a «los daños reales sufridos»; «eliminar los topes de compensación o elevarlos significativamente», fomentar la reincorporación y asegurar «una tramitación judicial más rápida», además de «recuperar los salarios de tramitación».
En caso de no adaptar el despido improcedente a lo marcado por Europa, Arceiz ha advertido que el sindicato irá «juzgado por juzgado, despido por despido», exigiendo el cumplimiento de la resolución, en línea con varias sentencias que han atendido al contenido de la Carta Europea de Derechos Sociales.
Según datos del SAMA, en Aragón se registraron en 2023 un total de 8.098 despidos, de los que 4.987 fueron disciplinarios. La indemnización media fue de 11.366 euros y el coste total alcanzó los 51 millones de euros. En España, en el mismo periodo se produjeron cerca de 900.000 despidos, de los cuales 125.141 se recurrieron, 51.256 se conciliaron en los diferentes servicios de mediación y 33.683 llegaron a los juzgados. De estos, 27.220 obtuvieron una sentencia favorable al trabajador, mientras que cerca de 40.000 casos no completaron el proceso de recurso y se quedaron por el camino.
Pocas esperanzas ante el cierre de bosal
El secretario general de UGT Aragón también se ha pronunciado a preguntas de los medios de comunicación sobre el ERE anunciado por Bosal, que supone el cierre de la fábrica de Pedrola.
Arceiz se ha mostrado pesimista por que la empresa pueda dar marcha atrás en su decisión. «Agotaremos las posibilidades de negociación pero vemos muy difícil que la empresa busque otra actividad, así lo ha manifestado en todas las reuniones mantenidas hasta ahora», ha explicado.
En cuanto a la situación general del sector de la automoción en la comunidad aragonesa, Arceiz sí se ha mostrado optimista: «El sector es un tobogán y lo que parece que marcha bien en quince días cambia todo a mal. Preveemos un 2025 complicado por la pérdida de dos modelos que los nuevos anunciados no cubren, pero esperemos que a la vuelta del verano la situación mejore. Veremos qué ocurre el año que viene, si se incrementan los ERTEs o se adopta el mecanismo RED, como hemos recomendado para el sector y concretamente para Ford Valencia».
«En todo caso, soy optimista con el futuro y yo creo que en la planta principal aragonesa --Stellantis-- todo terminará encajando», ha confiado.