El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, ha comparecido en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, donde ha informado de que los pliegos del nuevo contrato del transporte sanitario programado incluirán la mejora de las retribuciones de los trabajadores «para asegurar que una parte del dinero de los impuestos de los aragoneses se destine directamente a ellos».
Bancalero se ha pronunciado así durante su comparecencia, en la tarde de este miércoles, ante la Comisión de Sanidad, donde ha intervenido, a petición de IU, para dar a conocer la situación del transporte sanitario terrestre en la Comunidad Autónoma.
El titular de Sanidad ha recordado que el servicio del transporte no urgente se presta por la UTE MAÍZ EGARA, en virtud del contrato firmado el 12 de febrero de 2020, por 41.211.805 euros. La duración del contrato es de 4 años, prorrogables por otros dos. «Ahora estamos en el primer año de prórroga, hasta el 12 de febrero de 2025», ha detallado.
Bancalero ha apuntado que el nuevo pliego solventará los problemas que el contrato actual arrastra, como la carencia de personal o la no actualización de los salarios consecuencia de la falta de convenio. Por eso, recogerá el incremento de los costes salariales y la subida del precio de los combustibles, entre otras cuestiones.
El consejero ha subrayado que el objetivo es mejorar la prestación de este servicio, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya condenado al anterior Ejecutivo aragonés en dos ocasiones en relación con el transporte sanitario no urgente.
Negligencia
José Luis Bancalero ha relatado que una primera sentencia, de octubre de 2022, el citado tribunal condenó al Gobierno de Aragón a indemnizar con casi 900.000 euros, más intereses y costas, por el retraso a la hora de publicar y aprobar la nueva licitación.
«Es el TSJA el que califica la gestión que ustedes hicieron de indolente, que es lo mismo que decir negligente», en referencia al anterior Ejecutivo, lo que ha supuesto «un perjuicio real a la sanidad y a la hacienda de todos los aragoneses», ha enfatizado el consejero.
La segunda sentencia, de 10 de enero de 2024, anula la formalización del contrato del lote 2, que cubre la provincia de Zaragoza, por incurrir en irregularidades. «Esta sentencia nos obliga a adjudicarlo a la empresa recurrente y, si no es posible, a indemnizarla», ha dicho el consejero.
Transporte sanitario urgente
Respecto al transporte sanitario urgente, Bancalero ha recordado que la primera medida, aplicada dentro de los cien primeros días de gobierno, ha sido la activación las 24 horas de las 23 bases rurales, de manera que prestan servicio no solo en horario diurno, sino también nocturno.
Esta actuación se ha efectuado mediante la mejora del pliego licitado por el Gobierno anterior. «Nosotros, en su día, ya advertimos de las deficiencias de ese contrato», que empezó a funcionar el 1 de junio de 2023 a través de la empresa Ambulancias Tenorio, ha aclarado Bancalero.
Según ha expuesto, el Gobierno anterior intentó suplirlas mediante la licitación del 'Servicio de transporte terrestre del Centro de Emergencias 112 Aragón', por parte del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, pliego que, en parte, fue declarado nulo, en septiembre de 2023, por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA).
En cuanto a la mejora del pliego implementada por el Ejecutivo actual, ha supuesto contratar a más trabajadores. Además, va a contribuir a favorecer el asentamiento de la población y a prestar este servicio «sin discriminación en función del lugar de residencia», ha esgrimido el consejero.
Bancalero ha dicho también a que desde el pasado 1 de mayo la UVI móvil de Huesca cuenta con un profesional médico durante las 24 horas del día, de viernes a domingo y los festivos. Este servicio solo disponía de médico presencial durante 12 horas diurnas, de lunes a viernes, horario que se mantendrá ahora de lunes a jueves. Esta medida está previsto hacerla extensiva en los próximos meses a Teruel y Alcañiz.
Seguimiento del contrato
Bancalero ha resaltado que desde la Gerencia del 061 se realizan mensualmente reuniones de seguimiento de la ejecución del contrato con los responsables de la empresa. Se revisa el cumplimiento del servicio, las incidencias detectadas y se penalizan los incumplimientos. En concreto, se han detectado desde junio de 2023 y hasta la actualidad unas 1.500 incidencias.
Asimismo, en las reuniones con la empresa, se le solicita información del estado de la negociación del convenio colectivo y se les invita a llegar a un acuerdo que permita finalizar la huelga en la que se encuentran los trabajadores, no solo del transporte sanitario urgente, sino también del no urgente.
No obstante, el consejero ha apostillado que la firma del convenio colectivo se encuentra en el marco de relaciones de los trabajadores y la empresa: «Nuestra obligación es seguir vigilando el cumplimiento de los contratos vigentes» y «respetar la legalidad vigente».
Grupos
Desde Izquierda Unida, Álvaro Sanz ha considerado que la situación actual del transporte sanitario es «inaceptable» y ha recordado que esta «se ha agravado a pesar del incremento del 85,7% en el presupuesto del pliego pues está consistiendo el incumplimiento de las prescripciones técnicas».
Por parte del Partido Popular, Jesús Fuertes ha recordado que «durante la anterior legislatura ya alertaron de que los pliegos de este contrato eran malos» y ha asegurado que, actualmente, «los incumplimientos en este pliego han de ser de un calado muy importante para la recisión de este contrato por el coste que supondría».
En representación del PSOE, Iván Carpi ha despreciado «la excusa de la herencia recibida ya que han prorrogado un año más el contrato ya existente» y ha recordado que el Gobierno de Aragón socialista «consiguió los fondos para equipar los vehículos, pero es al actual Gobierno al que le corresponde instalar y probar los dispositivos, y no lo han hecho».
El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha considerado que «el servicio que se ofrece a los aragoneses ha mejorado con la llegada de este Gobierno», al tiempo que ha expuesto que «no se puede cuestionar el comportamiento de las empresas que trabajan para el Gobierno de Aragón, y hay que valorar las cuestiones».
La diputada de CHA Isabel Lasobra ha destacado que «un servicio público esencial no puede estar en manos de empresas privadas» y ha abogado por la internalización «donde se consiguen mejores servicios y mejoras en los tiempos de respuesta».
El parlamentario de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno ha recordado que «hasta la fecha, solo se han presentado dos iniciativas legislativa en relación al transporte sanitario urgente en las Cortes» y ha valorado que «los problemas continúan y seguiremos en la misma situación».