El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha remitido una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para desmentir las «inexactitudes, falsedades y omisiones» que, a su juicio, contiene el informe elaborado por los relatores Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz contra la derogación de las leyes de memoria democrática de tres comunidades autónomas, entre ellas la aragonesa, y su sustitución por nuevas normas «de concordia».
Entre dichas «inexactitudes, falsedades y omisiones», el presidente autonómico ha resaltado que Aragón no ha aprobado ninguna ley de concordia, sino una ley para derogar la Ley de Memoria Democrática porque, en su opinión, «imponía un relato sesgado, realizaba una interpretación partidista de la historia o idealizaba la Segunda República, enlazando este periodo convulso con el modelo de democracia actual».
Del mismo modo, ha asegurado que la norma derogada «condenaba los crímenes y atrocidades cometidos por un bando durante la Guerra Civil, pero relativizaba los cometidos por el otro» y que «sembraba la división y la confrontación entre los aragoneses sobre una tragedia fratricida mediante la imposición de un relato ideológico de parte».
Asimismo, Azcón ha insistido en que dicha derogación «no invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista» ya que su propio preámbulo especifica que no se impedirá que las Administraciones Públicas «faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran», a lo que ha añadido que el presupuesto autonómico ha incrementado en un 10% la partida para exhumaciones.
El presidente aragonés ha remarcado también que no se ha suprimido el portal web institucional sobre memoria democrática, ni el mapa de fosas comunes de Aragón ni la información sobre los lugares de memoria democrática en la Comunidad Autónoma.
En cuanto a las subvenciones, ha rechazado que ahora queden en una situación «incierta» por estar sujetas a justificación, que es «una imposición legal» en España, «propia de un Estado de derecho y democrático».
De igual forma, después de que uno de los autores del informe, el argentino Fabián Salvioli, manifestara en una entrevista que «si los gobiernos aludidos quieren enviar información, será procesada debidamente», ha avanzado al secretario general de la ONU que enviarán un informe a modo de alegación que profundice jurídicamente en estas cuestiones.
"indefensión"
Por otro lado, Azcón ha transmitido al mandatario internacional que le ha resultado «incomprensible» e «inédito» que no se haya dado trámite de audiencia previa al Gobierno de Aragón como parte aludida en el informe, lo que hubiera evitado esta «indefensión».
En su opinión, la exclusión del Ejecutivo aragonés «socava gravemente la objetividad del informe y la obligada imparcialidad de sus conclusiones» ya que «contiene información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España», ha recogido en la misiva.
De igual forma, el presidente autonómico ha trasladado a Guterres que en el ánimo del Ejecutivo aragonés y del Plan de Concordia que aprobará «en próximas fechas» no está «invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, sino honrar a todas ellas», lo que ha hecho extensivo a las víctimas del periodo democrático, como las del terrorismo.
Además, ha recalcado que tanto el PP como él mismo han condenado «reiteradamente», tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Aragón, el golpe de Estado de 1936 que desembocó en la Guerra Civil y la represión durante la dictadura franquista.