La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Isaura Navarro y el diputado de la coalición Jesús Pla han calificado como un «despropósito», además de «sectarismo» y «populismo», el anuncio del Consell de impulsar un cambio normativo en la organización de la administración valenciana para «eliminar las mancomunidades» y revisar la ley contra la despoblación para «reducir su alcance», al tiempo que ha acusado al Gobierno valenciano de ir «contra los intereses de la gente» con estas decisiones.
Ante esta situación, en un comunicado, Navarro ha avanzado la preparación de iniciativas parlamentarias contra estas medidas y, de hecho, ha asegurado que Compromís «no descarta la vía judicial». «Con esta acción se evidencia cómo el gobierno de PP y Vox quieren cargarse la autonomía local para tener todo el control desde las diputaciones, unas instituciones que gestionan como en el franquismo, con amiguismos, repartiendo a los de su partido», ha señalado.
En esta línea, ha censurado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, tenía «ese 'modus operandi' en la Diputación de Alicante», porque «le molestaba para sus intereses la unión administrativa de las mancomunidades, un sistema de cooperación entre municipios que ha llevado bienestar, ahorro de recursos públicos y buena gestión de servicios a los municipios», ha defendido.
La portavoz adjunta de Compromís en el parlamento valenciano ha acusado al Consell de ir «contra el propio Estatut d'Autonomia, que habla de la estructura comarcal del país», y ha recalcado que las comarcas, «que ahora mismo están plasmadas en nuestra legislación», son «referencias históricas en la articulación de nuestro territorio» y una «herramienta fundamental para el desarrollo social y económico».
Por ello, ha considerado que la decisión del Consell de «eliminar las mancomunidades» es «una prueba más» de cómo el PP y Vox «gobiernan desde el sectarismo y el populismo, nunca pensando en la gente».
Por su parte, Jesús Pla ha mostrado la «contrariedad» de su grupo hacia la modificación de la ley contra la despoblación, en la que, entre otras cuestiones, según ha advertido, el Consell «pone en entredicho las políticas de ayuda a localidades de categoría intermedia con riesgo de despoblamiento».
«Sería calamitoso para muchos municipios que desde la Generalitat se les deje de considerar en peligro de despoblación, solo por un afán de desdecir el trabajo del anterior gobierno», ha avisado, al tiempo que ha reclamado «recursos y políticas diferenciadas para combatir el despoblamiento, que la gente tenga posibilidades de desarrollar un proyecto vital en sus pueblos con dignidad y para eso son necesarias políticas públicas valientes, no un gobierno que les dé la espalda».