La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, considera «imprescindible» una reforma integral de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que pasa, entre otras medidas, por subir a los 23 años la edad mínima para percibir esta prestación, fijada ahora en los 18 años.
En declaraciones efectuadas en Bilbao, Martínez ha calificado de «injusto e inaceptable» el actual sistema que regula la RGI, en el que hay un «absoluto descontrol que genera injusticias para quienes lo sufragan, que somos el conjunto de los ciudadanos y también para quien la percibe, ya que no se le ofrece ningún tipo de alternativa y se les cronifica en una situación que no es deseable para nadie».
Según ha recordado, de los perceptores de la RGI un 25% son pensionistas y un 7% son personas que están exentas del mercado laboral. «Para esas personas, por supuesto que es necesaria la RGI», ha dicho.
No obstante, ha subrayado que para el resto deben aplicarse otros sistemas, «tienen que percibir otro tipo de ayuda, y esa ayuda tiene que ser fundamentalmente encaminada a su inserción laboral, porque pueden, deben y tienen derecho a trabajar». «El sistema es tan malo que el 48% de las personas que pueden trabajar llevan más de tres años cobrando la RGI», ha advertido.
Pensionistas
Por ello, desde el PP plantean una reforma integral del sistema actual, de tal manera que la RGI sea una ayuda social destinada exclusivamente a pensionistas y personas exentas del mercado laboral. «Pondremos en marcha un Plan de Inserción Laboral, destinado al resto de perceptores de la RGI», ha adelantado.
En este sentido, propone que la edad mínima para cobrar estas ayudas sea de 23 años y no los 18 actuales, y la remuneración de estas ayudas será decreciente en el tiempo, para evitar la «cronificación».
«Una persona, aunque tenga 30 años cotizados, tiene derecho a dos años de paro, y obviamente no se cobra lo mismo el primer mes que el vigésimo. Las nuevas ayudas que pondremos en marcha conllevarán como contraprestación la realización de servicios a beneficio de la comunidad. Es una contraprestación mínima que debe ser exigible», ha indicado Martínez.
Así mismo, ha explicado que será obligatoria la formación continua, durante el tiempo que se perciban estas ayudas; se penalizará el rechazo de ofertas de trabajo adecuadas al perfil y la zona geográfica del perceptor; se pedirán certificados de patrimonio, no solo a los españoles como se hace ahora, «sino a todo el mundo»; y un certificado de patrimonio del país de origen, «para evitar fraudes como los que hemos visto», ha dicho, en referencia a la detención de un matrimonio que, junto a sus cinco hijos residía en Francia desde el año 2014, pero seguía recibiendo prestaciones sociales de España.
Régimen sancionador
En esta línea, ha indicado también que se establecerá un régimen sancionador por la comisión de delitos, llegando a ser excluido de la recepción de ayudas.
«Entendemos que este sistema es más justo, más social y más solidario y ecuánime, porque las ayudas sociales deben ser para quienes las necesitan. Queremos un sistema de RGI para pensionistas y un plan de inserción laboral que sea un puente al mercado laboral y no un sofá en el que vivir cómodamente sin trabajar, a costa del esfuerzo de los demás», ha concluido la candidata popular por Bizkaia a las elecciones del 21 de abril.