La alcaldesa de Zaragoza y militante del PP, Natalia Chueca, ha criticado al Gobierno de España por crear «diferencias entre los ciudadanos» de Cataluña con el resto del país con la bonificación del transporte público.
Así se ha pronunciado Chueca en un encuentro en la sede del Partido Popular de Madrid, ubicada en la calle Génova, con el presidente de PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, y alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes y de capitales de provincia.
La alcaldesa ha afirmado que el Gobierno de España está creando diferencias entre los ciudadanos. «No es lo mismo que vivas en Cataluña a que vivas en España. Por lo tanto, como somos alcaldes lo que queremos es la satisfacción de nuestros vecinos y el buen funcionamiento de nuestras ciudades», ha apostillado.
Chueca ha recriminado al Ejecutivo nacional que tenga «dos mensajes diferentes» con la bonificación del transporte público dependiendo del lugar donde vivas. «Por un lado, Junts dice que le va a bonificar el 50 por ciento y, por lo tanto, tendría que bonificarnos a todos el 50 por ciento», ha aseverado.
En este sentido, ha indicado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que «lo que va a quitar es el condicionado» de la bonificación al transporte público que aporta el Gobierno de España. «Ellos ponen el 30 por ciento, que es lo que venían poniendo, y ya cada ayuntamiento es libre de poner el 20 por ciento o no ponerlo», ha asegurado.
Por ello, ha recriminado a Montero que utilice una competencia municipal de los ayuntamientos para las políticas nacionales. «Siempre es lo mismo, está utilizando nuestras competencias donde ponemos el dinero», ha agregado.
Obligación de los ayuntamientos
De esta manera, ha apuntado que los ayuntamientos tienen la obligación de seguir mejorando el transporte público urbano modernizando la flota, hacer que los vehículos sean más sostenibles y menos contaminantes y ofrecer precios asequibles.
Asimismo, ha afeado que haya diferencias entre las subvenciones que plantea el Gobierno central «en función de dónde vivan los ciudadanos» en España.
«Tenemos que tener las reglas del juego claras porque lo que no puede ser es que estemos dos semanas después de haberse firmado ese decreto sin saber todavía cómo se va a aplicar», ha considerado.
A su juicio, las ayudas tienen que llegar directamente a las instituciones públicas que gestionan el transporte público que son los ayuntamientos somos los ayuntamientos, y además con unos críticos objetivos.
«Lo que pedimos desde el Partido Popular es que sepamos realmente cuáles son los criterios en los que nos movemos. Un criterio homogéneo en base a los habitantes, al número de kilómetros, en base a unas variables objetivas y que sepamos cada año cuánto nos va a aportar el Gobierno central para ayudarnos a fomentar esa movilidad sostenible en las ciudades, no utilizar el transporte público para hacer política, engañar a los ciudadanos y perjudicar de paso a los alcaldes de las ciudades», ha concluido.