El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado este martes el envío de un requerimiento al Gobierno central para que anule, por invasión de competencias, un contrato aprobado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que pretende desarrollar el nuevo Ministerio de Juventud e Infancia para crear un servicio estatal de captación y formación de familias acogedoras de menores tutelados.
Esta decisión del Ejecutivo autonómico es el paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, según ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.
Viciana ha recordado que ya el pasado 14 de noviembre desde la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad se envió una carta al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la que se mostraba la «oposición» del Gobierno regional a la creación de este servicio «sin contar con las comunidades autónomas».
Se trata, ha insistido, de un requerimiento previo para que el Ejecutivo central desista del contrato, en caso contrario acudirían al Constitucional.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid recuerda en el informe sobre este particular que el contrato denominado Servicio de asistencia técnica para el diseño de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de niños, niñas y adolescentes cuya tutela la tienen las Administraciones Públicas «vulnera la competencia exclusiva autonómica en materia de protección y tutela de los menores».
Ésta está prevista en el artículo 26.1.24 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 93 de Ley 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
Invasión de competencias
Las atribuciones que se arroga el Gobierno central a través del programa que quiere poner en marcha el Ministerio de Juventud e Infancia no son, subraya el Ejecutivo autonómico, materia de gestión estatal y, en consecuencia, la formalización de ese contrato «constituye una intromisión e incluso interferencia» en las competencias autonómicas «unilateral, indeseada y perturbadora del buen funcionamiento institucional», según precisa la Abogacía General.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno requiere al Gobierno de la Nación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que anule el contrato por incompetencia material.
Emilio Viciana ha recordado que actualmente hay 4.000 menores con alguna medida de protección en la Comunidad, que para 2024 ha incrementará más de un 30% las ayudas mensuales a las familias acogedoras.