El pleno de Carboneras (Almería) ha rechazado este jueves la rectificación que exige la Junta de Andalucía al acuerdo que desclasificó como urbanizable en el planeamiento urbanístico el suelo del Algarrobico el pasado mes de abril bajo mandato del PSOE y que «facilitaría» la «anulación» de la licencia de obras del hotel de Azata concedida en 2003.
La propuesta del alcalde, Felipe Cayuela (PP), quien gobierna en minoría, ha recibido los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE, y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito, ex del grupo socialista y el único que no ha intervenido en el intenso debate, por lo que la enmienda, que supone el reconocimiento implícito de que el paraje goza de especial protección desde 1994, no ha salido adelante.
La propuesta desestimada por la corporación local atiende el requerimiento que la Junta le hizo al Ayuntamiento carbonero en mayo tras recibir el acuerdo de pleno, publicado en Boletín Oficial de la Provincia, para su inclusión en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Autonómicos Ante la falta de respuesta del ayuntamiento, el Gobierno andaluz decidió en septiembre tomar la vía contencioso-administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La citada propuesta suprime del anterior texto por el que se anuló el sector urbanístico ST-1 o Algarrobico las alusiones relativas a «anular y eliminar la clasificación urbanística vigente» y la expresión «por efectos sobrevenidos al planeamiento vigente de directa aplicación por la legislación sectorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, por el que se precisan los límites del citado Parque Natural».
La nueva redacción se «limita» a recoger «formalmente» en el PGOU de Carboneras «la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección con grado C1 o Áreas naturales de interés general, ratificado por Sentencia del TSJA 2000/2016, confirmada por el TS mediante sentencia 634/2018 de 19 de abril de 2018».
Ha sido el portavoz del grupo socialista y alcalde en el anterior mandato, José Luis Amérigo, quien ha abierto el turno de intervenciones para indicar que la enmienda «dilapida» el futuro de Carboneras y supone un «gran error» que podría «traer consecuencias muy serias» a la corporación por una presunta responsabilidad patrimonial que obligaría a indemnizar a la promotora del hotel.
Amérigo, quien ha solicitado la retirada del punto en el orden de día --también rechazada por el pleno-- y ha abogado por convocar una reunión con todas las administraciones implicadas y con los partidos políticos para consensuar una solución, ha reprochado a Cayuela que siga «al pie de la letra las órdenes del consejero» Ramón Fernández-Pacheco y «del PP», obviando al «pueblo» de Carboneras «que es la verdadera víctima en todo este asunto».
Psoe: "el alcalde se pliega a la junta y deja en la estacada a carboneras"
«Lo que pretende la Junta de Andalucía es dejar solo al pueblo y al Ayuntamiento de Carboneras y el alcalde se pliega, dejándonos en la estacada», ha trasladado, al tiempo que ha asegurado que la promotora del hotel «está esperando a que el PP tome este paso para pedir una indemnización de varios cientos de millones de euros».
Amérigo ha defendido la legalidad de la licencia municipal de obras que, en 2003, concedió con gobierno municipal del PSOE y que ahora debe someterse a un procedimiento de revisión de oficio ya que, según ha dicho, «a día de hoy ningún juez la ha podido rebatir ni tumbar», y ha señalado «a una trama de intereses» que el alcalde «intenta ocultar al proponer esta corrección».
Ha añadido que el Ayuntamiento «no está obligado» a rectificar el acuerdo del pleno de abril y se ha preguntado «por qué se adelanta a la Justicia» cuando esta aún no se ha pronunciado respecto al recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto el Gobierno andaluz, «a cuya merced por intereses partidistas quiere dejarnos».
«La aprobación de lo que se propone solo abre la puerta a hipotecar el futuro del pueblo y de los carboneros y no podemos caer en la trampa», ha advertido para subrayar que la desclasificación del suelo del Algarrobico que él impulsó en abril «se hizo bien» y «cumple exhaustivamente con los dictaminado por los jueces y con lo suscrito por informes técnicos».
Por último, ha pedido al alcalde que se «enfrente a su propio partido y a la Junta en un alarde de responsabilidad con los carboneros» ya que es «evidente» que el Gobierno andaluz «no quiere poner ni un céntimo ni asumir un ápice de responsabilidad en el caso del Algarrobico, en el que tienen responsabilidad todas las administraciones».
CS: «LA JUNTA QUIERE LIBRARSE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y PATRIMONIAL»
Por su parte, el portavoz de Cs y también exalcalde, Salvador Hernández, quien finalmente se ha abstenido, ha afirmado que la «solución» pasa por «abrir una mesa de negociación» tanto con la empresa Azata como con las administraciones y ha avisado de que el rumbo adoptado por el equipo de gobierno del PP con respecto al Algarrobico es «echarse en brazos de la Junta de Andalucía y de su gabinete jurídico».
«Todos sabemos que lo que pretende la Junta es librarse de cualquier responsabilidad política y patrimonial y que cualquier responsabilidad recaiga directamente sobre el ayuntamiento, por lo que debemos defender los intereses del pueblo de Carboneras por encima de cualquier interés personal o partidista», ha trasladado.
Hernández, quien apoyó la investidura de Cayuela, si bien luego este último rompió el pacto de gobierno para quedar en minoría, ha remarcado que la «responsabilidad» respecto al hotel «recae en los dirigentes de la Junta de Andalucía y del ayuntamiento cuando se concedió la licencia en 2003, todos socialistas» y ha emplazado a ver qué resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto al acuerdo que se quiere enmendar.
«No estamos adelantando y no se puede consentir porque puede ser la ruina de este ayuntamiento, patrimonialmente hablando; Debemos atender y cumplir las resoluciones judiciales, pero no vamos a atender las peticiones del consejero Fernández-Pacheco que lo que quiere es eximir y liberar a la Junta. Debemos defender los intereses de Carboneras», ha concluido.
EL ALCALDE DEFIENDE LA ENMIENDA PARA «CUMPLIR LAS SENTENCIAS»
El alcalde 'popular' ha sido el encargado de cerrar el debate del plenario y ha apelado a la «obligación» del consistorio y «de los 13 concejales que integran la corporación» de «cumplir» con las sentencias firmes, que son imperativas".
Ha afeado al portavoz socialista que «hiciera deprisa y corriendo» el acuerdo que debe ser rectificado según la Junta porque «el TSJA le iba a multar después de varios intentos por no ejecutar la sentencia» que declara el Algarrobico suelo no urbanizable de especial protección.
«El acuerdo que hizo el PSOE, que hizo usted, no cumple literalmente esa sentencia y deberá explicar porqué motivos lo hizo», ha espetado Cayuela, quien ha justificado el recurso judicial presentado por el Gobierno andaluz y ha avisado de que podrían estar incurriendo en un supuesto «delito de desobediencia».
Por último, el alcalde ha subrayado su obligación de «cumplir con el ordenamiento jurídico». «Así lo jure cuando tomé posesión de mi cargo y no voy a decir nada más; ustedes son libres de votar y yo he cumplido con mi obligación al traer este acuerdo a pleno», ha concluido.