El 94% de los docentes usuarios del servicio del Defensor del profesor, creado por el sindicato ANPE, sufren ansiedad y el 6%, depresión. Son cifras que «determinan la necesidad» de proteger la salud mental de estos profesionales ante el «agravamiento» de la situación.
Así se desprende del informe del Defensor del Profesor del curso 2022-2023 en la Comunitat Valenciana cuyos resultados ha dado a conocer este miércoles ANPE.
Las llamadas atendidas por este servicio «alertan sobre el peligroso incremento de los casos que derivan en problemas de salud mental», advierte la entidad, que subraya que la labor de los docentes, a menudo, «se ve empañada por situaciones conflictivas en el entorno educativo que van desde agresiones verbales, pasando por situaciones de acoso y llegando en ocasiones incluso a las agresiones físicas».
Por etapas educativas, las actuaciones durante el curso pasado se mantienen en cifras similares al curso pasado con un ligero incremento en secundaria y bachillerato (47,6%), seguidas de infantil y primaria (38,1%), ciclos formativos (9,5%) y, como novedad, la aparición de casos de docentes con problemas en la universidad (4,8%).
De los casos atendidos, cabe destacar «el brusco incremento de profesores que sufren ansiedad, que pasan a ser el 94% de los casos, mientras el 6% sufre depresión». Esta situación «supone un agravamiento de las consecuencias a nivel mental, ya que se han reducido a la mínima expresión los casos de decaimiento o preocupación previos a llegar a los niveles de la ansiedad o la depresión», advierten desde ANPE.
También es «reseñable» el gran aumento, sufrido durante el último curso, de los casos en los que los docentes se ven sumidos en situaciones de falsas acusaciones por parte del alumnado o de sus progenitores o tutores legales.
Estas situaciones se dan de manera aislada o en conjunto con otras, en más del 57% de las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Profesor. Igualmente, son «relevantes» las situaciones de enfrentamiento con las familias, que se dan en más del 23% de los casos, así como problemas con la aplicación del decreto de convivencia en más del 28% de casos.
Ante esta situación, el sindicato docente cree «imperativo abordar las raíces del problema para lograr un cambio significativo», motivo por el cual insiste en su demanda para llevar a cabo una implementación efectiva de la Ley de Autoridad del Profesorado.
En este contexto, la Ley de Autoridad del Profesorado se presenta como «una herramienta crucial ya que, no solo reconoce la importancia de la autoridad del docente en el aula, sino que también debe servir para establecer mecanismos de prevención y abordar situaciones conflictivas».
ANPE considera que este desarrollo sería «clave para fomentar el respeto mutuo en el entorno escolar, establecer límites claros y promover una cultura de convivencia positiva, contribuyendo directamente a la preservación de la salud mental de los docentes y permitiéndoles enfocarse en su labor pedagógica con confianza y tranquilidad».
Reconocimiento social
ANPE incide en que es «fundamental mejorar el reconocimiento social de los docentes y dar visibilidad a su trabajo diario para conseguir que la educación ocupe la posición que le corresponde entre las prioridades sociales».
«Los distintos casos de agresiones y acoso al profesorado no solo afecta al ambiente que se vive en las aulas y en los centros educativos en su conjunto sino que, de manera cada vez más frecuente, también dejan huellas profundas en la salud mental de los docentes. La exposición continua a estas situaciones suele desembocar en estados de estrés crónico, ansiedad y, en casos extremos, dar lugar a problemas de salud mental más graves», expresan.
El Defensor del Profesor de ANPE proporciona a los afectados un servicio donde expresar sus preocupaciones, brindarles asesoramiento, acompañamiento jurídico y actuar como un faro de apoyo emocional.