El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha adelantado que la situación política actual en España hace que el tono que va a usar en los próximos meses va a ser «el de indignación» y ha advertido al presidente del Gobierno de España de que no van a mirar «para otro lado» ni van a ser «cómplices del mayor ataque a la democracia» que está «perpetrando» el presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez. «No voy a ahorrar adjetivos», ha agregado.
En la rueda de prensa en la que ha hecho balance de los primeros cien días del Gobierno PP-VOX, Azcón, preguntado por cómo van a ser las relaciones a partir de ahora con el Ejecutivo central, ha señalado que «cuando venga el presidente del Gobierno a Aragón lo primero que le voy a decir es que no mienta», en referencia a las alusiones a la Comunidad Autónoma en su discurso de investidura, desmentidas por el Ejecutivo aragonés.
No obstante, ha apuntado que no va a estar en un discurso de «frentismo», de «división», de «buenos contra malos», de «romper España» o de «levantar un muro» y que actuarán «con lealtad institucional».
Por ejemplo, ha señalado que hablarán con el Ministerio de Industria sobre la fábrica de baterías o con el de Hacienda acerca de financiación autonómica. «Si vienen a darnos buenas noticias, estaremos encantados de que colaboren», ha expresado Azcón, quien ha añadido que ello no quiere decir que se vayan a «callar».
Defensa de los intereses de los aragoneses
«A nosotros nos han dado la responsabilidad de defender los intereses de los aragoneses en un momento especialmente complicado», ha subrayado el presidente autonómico, mientras otros partidos políticos, a los que no ha citado expresamente, prefieren defender «Cataluña» o a «los independentistas vascos» antes que «la financiación, la deuda o los impuestos de los aragoneses».
Por ello, ha solicitado la convocatoria de una Conferencia de Presidentes Autonómicos o de un Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha anunciado un recursos de inconstitucionalidad contra la «ignominiosa» ley de amnistía.
Con ello, ha afirmado que uno de los grandes retos de su Ejecutivo va a ser «defender la igualdad» porque «defender la igualdad de los aragoneses es defender la igualdad de los españoles» frente a un Gobierno central que está «dispuesto a pactar con determinadas fuerzas políticas lo que les interesa a ciertas comunidades autónomas» en contra de los intereses de los ciudadanos de Aragón.
El Gobierno PP-VOX está defendiendo Aragón «por encima de todo», ha subrayado, a lo que ha añadido: «no tengan ninguna duda de que lo vamos a seguir haciendo».
Por otro lado, ha señalado que «no es que haya un partido político que piense que la democracia está en riesgo», sino que así opinan todas las asociaciones de jueces, fiscales, notarios, de la Seguridad Social o inspectores de Hacienda o Trabajo, que están hablando de que «vivimos un momento extraordinariamente complicado desde el ámbito político».
En ese sentido, Azcón ha explicado que «siempre la democracia en este país ha tenido amenazas» --las ha tenido con «terroristas», «independentistas» o con «golpes de Estado»--, pero hasta ahora, cuando alguien quería acabar con la democracia, se detenía a los «criminales» y acababan en la cárcel, mientras que ahora el Gobierno «quiere sacar de la cárcel» a estos delincuentes.
El papel de la ue
Además, ha alertado de que «cuando la democracia en España está en peligro, la democracia en Europa también lo está», por lo que los 'populares' recurrirán también a los tribunales europeos.
En ese sentido, ha considerado una «pésima noticia» que en la UE se vaya a debatir sobre el Estado de derecho o que las instituciones comunitarias pidan el texto de la ley de amnistía para estudiarlo. En definitiva, que España esté «bajo sospecha» o incluso se dude «si aplicar o no el artículo 7» --del Tratado de la UE--, que permite suspender los derechos de un Estado miembro si infringe de forma «grave y persistente» los principios europeos.
«No puede ser que España esté con Polonia y con Hungría», ha asegurado Azcón, en referencia a que Europa pueda estudiar si se respeta el Estado de derecho y la democracia.
En todo caso, el presidente de Aragón ha trasladado un mensaje de esperanza porque se resigna a pensar que la Constitución y el Estado de derecho «no es tan fuerte» como para solventar este «golpe».