Aigües de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona han firmado este lunes la renovación del protocolo para afrontar la pobreza energética y fijar el procedimiento para garantizar el suministro de agua a quien no la pueda pagar por falta de recursos económicos, informa el consistorio en un comunicado.
La segunda teniente de alcalde de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de Vida, Maria Eugènia Gay, y el consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, firmado el convenio, que da continuidad al protocolo de 2018 y a la colaboración iniciada en 2012 con el convenio para aplicar el Fons de Solidaritat.
Gay ha explicado que marcan un paso importante en su «misión común de luchar contra la pobreza energética y hacer de Barcelona una ciudad más justa y sostenible», y ha recalcado el compromiso del Ayuntamiento para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las ventajas de la energía segura y sostenible.
Campos ha celebrado que la renovación del acuerdo se enmarca en el «compromiso firme con la mejora de la calidad de vida de las personas del territorio» donde operan, especialmente de las que más lo necesitan, y ha considerado que refuerza la colaboración público-privada para encarar los retos actuales e impulsar iniciativas.
Informe de valoración
El documento establece que, ante un impago de facturas, Aigües de Barcelona solicite a Servicios Sociales del Ayuntamiento un informe que valore la situación de exclusión residencial, para garantizar el agua a quien lo necesita.
Aigües de Barcelona no puede suspenden el suministro si Servicios Sociales concluye que se trata de una persona o unidad familiar vulnerable (los supuestos que establece la Ley 24/2015).
Además, la empresa se compromete a formalizar un contrato de suministro de agua a las familias sin derecho de uso sobre la vivienda si el Ayuntamiento lo solicita, y a garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad social o económica puedan acceder al servicio básico del agua.