El ex director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha defendido este martes ante el juez de Instrucción Número 4 de Plaza de Castilla que se enviaron protocolos de referencia para la atención en hospitales de residentes enfermos de Covid durante la primera ola de la pandemia, pero que éstos no eran de obligado cumplimiento.
Así lo ha trasladado el abogado de la acusación, Andrés Olleros, a la salida de la declaración de Mur, quien ha prestado declaración en calidad de testigo, al igual que dos geriatras de los hospitales Ramón y Cajal y Fundación Jiménez Díaz.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha citado a declarar al exdirector general de coordinación sociosanitaria Carlos Mur en relación a dos querellas interpuestas por familiares de fallecidos a través de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare).
En concreto, el juez Marcelino Sexmero investiga a las directoras de las residencias Adolfo Suárez y Amavir Arganzuela, así como a dos doctoras a instancias de Pladigmare, en una de las causas judiciales en las que se investigan los protocolos de derivación de la Comunidad de Madrid en residencias durante la primera ola de la pandemia.
De acuerdo con lo trasladado por Olleros, Mur «ha dejado claro» que los protocolos «estuvieron activos» y los conocía el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con quien intercambió correos electrónicos para trasladarle necesidades de material y de otra índole en las residencias, protocolos que «se mandaron a todos los centros hospitalarios».
Según esto, el protocolo estableció esos criterios para ver cómo se repartía el material sanitario en las residencias y, aparte, los criterios de derivación a hospitales, algo que trataba de evitar el colapso en estos últimos, pero que generó «otros perjuicios para los residentes», ha remarcado el letrado, porque «algunos de ellos vieron que teniendo la posibilidad de ser derivados y sobrevivir, no lo fueron en base a esos protocolos».
Alberto Olleros, quien representa a Pladigmare, ha destacado que Mur ha estado «muy colaborador» y ha contestado a todas sus preguntas. También ha señalado que las dos geriatras, por su parte, han declarado que aplicaron dichos protocolos «en concordancia» con la residencia, si bien han defendido que sí analizaban «caso por caso» de acuerdo a estos criterios.
El juzgado plantea inhibirse en uno de los casos
Por otro lado, el letrado ha indicado que este Juzgado pretende inhibirse en el número 48, el cual lleva otras dos causas en la misma residencia Adolfo Suárez, para mantenerse con la otra causa que está investigando, relativa a la residencia de Amavir en Arganzuela.
Mur, que ha llegado a los Juzgados de Plaza de Castilla antes de las 10.00 horas --aunque no estaba citado para declarar hasta las 11.30--, ha abandonado el lugar pasadas las 12.20 sin querer hacer declaraciones y entre algunos gritos de «¡Asesino!» proferidos por familiares de residencias fallecidos durante la pandemia.
El ex alto cargo de la Comunidad estaba citado el pasado 15 de junio pero no compareció al vivir fuera de Madrid. Ese día, sí prestó declaración ante el magistrado y las partes personadas el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero.
En su declaración en junio, el exconsejero Reyero manifestó que «los protocolos existieron, se aplicaron y tuvieron consecuencias», haciendo alusión a un informe de una revista internacional de epidemiología que apunta a que más gente murió en las residencias de la Comunidad de Madrid que en el resto de comunidades.
Además, en la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur afirmó que miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y «participaron desde el principio» en la redacción de los protocolos geriátricos que él firmó y envió a ambos departamentos regionales.
Por otro lado, el pasado 23 de marzo, Alberto Reyero y Mur ya declararon el pasado 23 de marzo en calidad de testigos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por otras tres querellas relacionadas con la muerte de tres ancianas en residencias.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid determinó previamente, en relación con la muerte de otros dos residentes en otra residencia de la Comunidad que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales de residentes de centros de mayores durante el inicio de la pandemia frente a los protocolos de actuación vigentes en la época más dura del Covid-19.
Ante la cita con el juez de Mur este martes, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila --a la sazón viceconsejera de Asistencia Sanitaria durante la primera ola--, ha evitado profundizar en la cuestión y ha subrayado que se trata de «uno más» de los procedimientos que se han seguido sobre esta cuestión.
En declaraciones a los medios durante un acto público, Dávila ha recordado que se trata de un asunto «de los tantos que ya han sido judicializados y archivados». «Uno más de estos procedimientos que se han seguido», ha incidido.
Llega después de que audiencia ordene reabrir otra causa
La declaración de Mur y de las dos geriatras llega días después de que se conociera la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de obligar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir una causa contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia.
Entre las nuevas diligencias, el Juzgado libra oficio a la Consejería de Sanidad para que le aporte el Plan de choque contra las muertes en residencias anunciado el 26 de marzo de 2020, así como su desarrollo, implementación y recursos utilizados en el mismo.
También le pide los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores de la región durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19, adoptados por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria; así como los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad de Madrid a las residencias, desglosados por fechas.
Sin embargo, la actual consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha indicado este martes que su departamento no ha recibido notificación oficial o requerimiento alguno por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba para que aporte el Plan de Choque contra las muertes en residencias anunciado el 26 de marzo de 2020, así como su desarrollo, implementación y recursos utilizados en el mismo.
A la puerta de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde han declarado Mur y las geriatras por espacio global de cerca de una hora, se ha concentrado un grupo de manifestantes de Pladigmare, así como de la Marea de Residencias, de la plataforma Verdad y Justicia y de Amnistía Internacional.
Por parte de Pladigmare, su presidente, Miguel Vázquez, ha defendido que los «protocolos de la vergüenza» evitaron la derivación de los pacientes de las residencias por criterios «no clínicos» y aunque ha reconocido «algo más de esperanza» tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir la causa contra Ayuso y sus exconsejeros, se mantienen con «mucha cautela».
Desde Marea de Residencias, Carmen López, ha trasladado su apoyo a los querellantes y ha anunciado la celebración, el próximo 26 de noviembre, de una gran manifestación de índole estatal en Madrid a la que ha pedido una movilización masiva porque «hay que tener conciencia social».