El Gobierno de Aragón impulsará una Ley de apoyo a las familias que reconozca su transcendencia desde el punto de vista «educativo, socializador, sustentador y como prestadoras de servicios» con programas para facilitar la conciliación, apoyarles en su diversidad e impulsar proyectos para paliar situaciones de vulnerabilidad.
Así ha resumido este martes las prioridades en esta materia de cara a la XI legislatura la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, Eva Fortea, durante su comparecencia ante la comisión de Bienestar Social y Familia en las Cortes de Aragón.
Fortea ha manifestado la apuesta firme de su departamento por una «política integral» que atienda a las necesidades y demandas de las familias aragonesas, en su diversidad, mediante medidas de «protección social, económica y jurídica» que contribuyan a ofrecer un entorno favorable en el que su bienestar sea el objetivo último, irrenunciable.
La hoja de ruta para esta dirección general será «la atención y apoyo a las familias, en toda su diversidad», ha destacado, sin partir de un modelo 'ideal' o estanco de familia, sino entendiendo y atendiendo sus características y circunstancias.
De este modo, la familia --«garante de los derechos de todos sus miembros y piedra angular de la convivencia democrática», en palabras de Fortea-- va a ser tratada por el Ejecutivo autonómico como «un bien público que requiere del apoyo de toda la sociedad y, por supuesto de las instituciones y de todas las administraciones».
Apoyo, impulso y protección
Eva Fortea ha detallado ante los grupos parlamentarios los principios sobre los que se sustentará la futura Ley integral de apoyo a las familias y que sitúa a esta institución «en el centro de todas las políticas públicas».
«El apoyo a las familias debe ser una constante en toda la actividad normativa y gubernativa en nuestra Comunidad Autónoma, de ahí el espíritu transversal que se pretende», ha remarcado.
«Pretendemos que ésta sea una Ley que se adapte a las necesidades reales de las familias aragonesas, que las incluya a su totalidad, sin perder de vista las necesidades específicas que, por su configuración, su estructura, su lugar de residencia y otras circunstancias precisen determinadas familias», ha afirmado Fortea.
Dentro de esta iniciativa legal se va abordar la tramitación y resolución más ágil de procedimientos relativos al reconocimiento de la condición de familia numerosa y monoparental; el seguimiento de los servicios de mediación familiar y de los puntos de encuentro familiar y la gestión del funcionamiento del Observatorio Aragonés de las Familias, un órgano colegiado de carácter consultivo y de impulso al desarrollo de las políticas del Gobierno de Aragón en esta área, con especial atención al análisis y estudio de la situación de la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Otro punto clave lo constituye el apoyo a la natalidad, con medidas que garanticen el acompañamiento y apoyo a todos los aragoneses en su responsabilidad parental y protejan la maternidad, además de otros proyectos para fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, con un espacial hincapié en el medio rural, así como en aquellas familias que presentan necesidades específicas.
El punto de partida, ha reiterado Fortea, es un planteamiento transversal, abierto al diálogo y en colaboración con instituciones, asociaciones y entidades que trabajan para el bienestar de la familia, la infancia y la adolescencia en Aragón.
Conciliación y parentalidad positiva
El diseño de las políticas públicas en el área de Familia, Infancia y Natalidad va a atender a «las necesidades evolutivo-educativas de los menores y las capacidades de los padres y madres para ejercer la parentalidad positiva», un concepto al que ha hecho referencia en varias ocasiones Fortea durante su exposición.
En atención al interés superior del menor, la parentalidad positiva entiende a los hijos «como individuos de pleno derecho» cuya crianza es susceptible de enriquecerse con herramientas y recursos que mejoren las competencias parentales a través de programas como los que ofrecen en Aragón decenas de entidades sociales, colaboradores imprescindibles para conseguir los objetivos de la Consejería de Bienestar Social y Familia.
Además la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad ha refrendado en las Cortes su compromiso con la promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, «no como un objetivo en sí misma», ha puntualizado Fortea, sino como herramienta para alcanzar unas condiciones de bienestar que lleguen a todos los aragoneses.
Ésa es la razón por la que la se han planteado ya ayudas, como las aprobadas el pasado viernes, a proyectos de entidades sociales que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el cuidado y protección de personas mayores de 16 años en situación de discapacidad y dependencia y para familias con hijas e hijos menores de 16 años.
También se van a apoyar actividades para el fomento de la parentalidad positiva, para la prevención de la violencia familiar y de género y para atender a la vulnerabilidad en situaciones de violencia.
Por último, Eva Fortea ha destacado la «especial sensibilidad con el mundo rural» de todas las líneas de ayudas, en presente y en futuro, y ha anunciado la implementación del barómetro de la conciliación, un instrumento que permitirá ver su evolución en Aragón, establecer comparativas autonómicas, incidir en aquellos sectores que lo requieran y diseñar e impulsar medidas específicas para seguir avanzando, enmarcándolo dentro de una estrategia específica.