El Gobierno de Aragón incrementará en 7.392.000 euros el crédito destinado a subvencionar la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Así lo ha acordado este miércoles el Consejo de Gobierno.
Una adenda que se realiza tras resultar insuficiente el presupuesto de 8.000.000 de euros aprobado el pasado mes de febrero y que vienen a cubrir parte de los costes salariales de las aproximadamente 3.300 personas con discapacidad que trabajan en los 71 centros especiales de empleo que desarrollan su actividad en Aragón.
Con esta dotación económica se prevé llegar a atender los costes salariales soportados de enero a octubre de 2023. Estas subvenciones de coste salarial se establecen en función del tipo y grado de discapacidad, el sexo, la edad y el tipo de contrato de las personas con discapacidad ocupadas en los centros especiales de empleo, y su objetivo es el mantenimiento de dichos empleos con un carácter estable.
De esta forma, la ayuda asciende por tramos progresivos desde el 50% hasta el 70% del salario mínimo interprofesional vigente para aquellos casos de trabajadores con discapacidad con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, bien por su tipo y grado de discapacidad, o bien por su edad --mayores de 45 años-- o sexo.
El programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido lo completan las subvenciones que ofrece el INAEM para el funcionamiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo.
Éstas llegan a los 1.440 euros anuales por cada trabajador con discapacidad y con dificultades de acceso al mercado de trabajo que esté contratado por un mínimo de seis meses.
En esta línea ya se resolvió la adjudicación de 1,5 millones de euros en el pasado mes de julio, que en este momento están en fase de justificación. También se subvenciona con 2.000 euros la eliminación o adaptación de barreras. Asimismo, se concederán hasta 400 euros anuales por cada persona atendida con discapacidad auditiva a través de los servicios de interpretación, con el límite de 1.000 euros por centro.