El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, ha pedido este viernes, en su discurso de apertura del año judicial 2023-2024, más inversión en la Administración de Justicia y nuevos juzgados en la Comunidad Autónoma.
En el evento, celebrado en la sede del TSJA, en Zaragoza, Bellido
ha manifestado: «Somos más rápidos en resolver que Francia, Italia o Inglaterra y más lentos que Alemania», matizando que hay cuestiones «preocupantes».
«A pesar del aumento de riqueza y bienestar que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas, que se ha reflejado de forma notable en otros servicios públicos, el sistema judicial no ha mejorado de forma paralela en el largo plazo, sino que está estancado desde hace años», ha lamentado.
Ha llamado la atención sobre «la alta litigiosidad» en España «en relación con los recursos de que dispone el sistema judicial», que además «va en aumento, especialmente en la jurisdicción civil», lo que causa una «sobrecarga» en los órganos judiciales.
«La solución más evidente consiste en aumentar la inversión en la Administración de Justicia para disponer de mayores recursos personales y materiales», lo que «no es suficiente», puesto que «tan importante como incrementar el gasto es saber cómo y en qué gastar».
Bellido ha hecho hincapié en que la digitalización mejora el funcionamiento del sistema judicial al aumentar la productividad y reducir la duración de los procesos. Ha agradecido el impulso que dieron a la digitalización los exconsejeros del Gobierno de Aragón Vicente Guillén y Mayte Pérez, así como la exdirectora general María Ángeles Júlvez.
«La buena situación en la que nos encontramos debe ser un acicate para seguir avanzando, conscientes de que las nuevas tecnologías digitales se desarrollan en un proceso de cambio acelerado», ha manifestado Bellido, dando por seguro que los responsables del nuevo Gobierno de Aragón «se van a implicar en la evolución y mejora de los sistemas», en especial con «los proyectos de interoperabilidad de Aragón en el marco del Plan Justicia 2030 financiado con los fondos europeos Próxima Generación».
Avantius
Así, «en el año judicial que ahora comienza, se conseguirá la interoperabilidad con el Tribunal Supremo y con el resto de territorios que disponen de nuestro sistema 'Avantius' --Navarra, Cantabria y País Vasco--, lo que permitirá la itinerancia electrónica de expedientes judiciales».
En el ámbito de la ciberseguridad, la Administración de Justicia de Aragón ha sido la primera en conseguir la certificación del nivel básico del Esquema Nacional de Seguridad, «un camino en el que se debe seguir avanzando con la incorporación de nuevas tecnologías y con certificaciones más exigentes».
Nuevos juzgados
El presidente del TSJA ha reclamado «adecuar el número de órganos judiciales a las necesidades actuales», concretamente dos nuevos juzgados de primera instancia en Zaragoza y un magistrado más en las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que en este momento cuentan con tres magistrados.
«Sin embargo, --ha observado-- el simple incremento de órganos judiciales será una solución incompleta si no acometemos la reforma organizativa que la Justicia necesita desde hace años, que permitirá una mejor gestión de los recursos personales y materiales mediante la colegiación de los juzgados en los tribunales de instancia».
Por otra parte, ha comentado que «el balance de este último año no puede obviar las huelgas que han lastrado el funcionamiento de la Administración de Justicia y que amenazan también este nuevo año judicial».
«Resulta necesario que las partes directamente implicadas lleven a cabo las futuras negociaciones en un contexto y con actitudes muy distintas a las de la áspera confrontación a la que hemos asistido este año, de manera que el proceso negociador produzca la menor afectación posible al servicio público de Justicia».
Asimismo, ha alertado contra «el deterioro institucional en el que se encuentra el Poder Judicial, que perjudica directamente a todo nuestro entramado constitucional».
«Esta debilidad fáctica justifica que el Judicial deba disponer de garantías que lo mantengan independiente, y si estas garantías se ven afectadas, debe existir un procedimiento para lograr restaurarlas. Sin embargo, nada se hace para evitar el debilitamiento que genera la falta de renovación de su órgano de gobierno ante la inactividad de las Cortes Generales».
Politización de la justicia
«Esta interinidad, que alcanza ya cinco años, supone un importante deterioro de la confianza de los ciudadanos, no solo en el Poder Judicial, sino en el resto de poderes, además de una insoportable imagen de politización de la Justicia que perjudica también nuestra imagen internacional».
«Esta situación determina en Aragón la falta de cobertura de las presidencias de las Audiencias Provinciales de Huesca y Teruel y de una plaza de la Sala Civil y Penal del TSJA, al igual que sucede en las restantes Comunidades Autónomas».
«Pero aún resulta más grave --ha avisado-- que el Tribunal Supremo tenga más del 30% de sus plazas vacantes, lo que supone limitar drásticamente una de sus funciones básicas, crear jurisprudencia».
Fiscal superior
La fiscal superior, Asunción Losada, ha mencionado que en 2022 se crea una plaza de segunda categoría en la Fiscalía Provincial de Zaragoza y una de tercera categoría en la Sección Territorial de Alcañiz, a las que este año se han sumado dos nuevas plazas de segunda categoría, una en la Fiscalía Provincial de Zaragoza y otra en la de Huesca.
Además, durante 2022 ha continuado la implantación de la Nueva Oficina Fiscal. Losada ha indicado que el sistema Avantius ha contribuido a una mayor agilidad en la Administración de Justicia
En cuanto a la actividad procesal, ha destacado el aumento de los procedimientos penales tramitados en las Fiscalías. En 2022 se tramitan en la Fiscalías de Aragón un total de 137 diligencias de investigación, con un incremento del 9,6%; 55.619 diligencias previas con un aumento del 4,83%; 4.418 diligencias urgentes con un incremento del 23,06%; y 14.146 procedimientos por delitos leves con un aumento del 13,92%.
Los fiscales han intervenido en 4.487 juicios por delito grave o menos grave, con un aumento del 5,73 %. Desde el punto de vista cualitativo de los delitos que han motivado la actuación del Fiscal, se constata una disminución de los procedimientos de sumario o ante el Tribunal del Jurado por delitos de homicidio o asesinato, el aumento poco significativo de los delitos de lesiones dolosas y la disminución de los delitos de lesiones por imprudencia.
En referencia a los delitos relativos a libertad sexual, el conjunto de los tipos delictivos encuadrados en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual ha disminuido levemente en 2022.
La fiscal superior ha mostrado su preocupación por «el incremento constante» de los delitos de estafa, un 3,12 por ciento en 2022 respecto al año anterior.
En relación a los delitos de violencia de género, en 2022 se han cometido dos homicidios de mujeres a manos de su pareja o ex pareja dando lugar a la incoación de sendos procedimientos de la Ley del Jurado.
Al igual que en años anteriores, los delitos con más incidencia son los de maltrato ocasional y los delitos de amenazas, seguidos por los delitos de maltrato habitual y en menor número por delitos de coacciones, ha continuado Asunción Losada.
Los fiscales han instruido un total de 895 procedimientos de reforma por delitos cometidos por menores, con un aumento del 5,67% en relación al año anterior.
Ha recalcado que «es clave en la comisión de estas conductas la falta de un uso adecuado de las tecnologías y el desconocimiento por los adolescentes del necesario respeto a los derechos de los demás en general y, en particular, a la libertad sexual del otro».