El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, que instruye el caso del secuestro de la exconcejal socialista Vanessa Romero en Maracena, en el área metropolitana, ha acordado libertad provisional para el investigado como supuesto autor material de los hechos, en un auto dictado a finales de julio que contempla entre las obligaciones a cumplir una orden de alejamiento de la víctima.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del caso, que han detallado que el juez toma en cuenta para tomar esta medida, que ha adelantado este miércoles Onda Cero, la tardanza que la propia Policía Judicial ha trasladado que puede conllevar la realización de las diligencias previstas en la investigación.
El juez acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de este hombre al que se investiga por la presunta comisión de un delito de detención ilegal el pasado 24 de febrero, tres días después de los hechos. En julio, declararon la exalcaldesa de Maracena, Berta Linares (PSOE), que era la pareja del supuesto autor material de los hechos, y al concejal Antonio García, como presuntos inductores.
Lo hacían después de que el juez dejara sin efecto la pieza separada que abrió en su momento para investigarlos como presuntos inductores, de modo que pasaba a hacerlo dentro de la misma causa que el supuesto autor material de los hechos. Todo ello después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía devolviera al Juzgado de Instrucción número 5 de Granada la causa sin incoar diligencias previas de investigación penal contra el diputado autonómico del PSOE y aforado Noel López, también señalado inicialmente, al entender que no se habían agotado las necesarias diligencias de investigación.
El secuestro se produjo el 21 de febrero por la mañana, después de que la concejal, que llevaba las competencias de Agenda 2030, dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía porque hasta ese momento era la pareja de la alcaldesa de Maracena. El acusado supuestamente le puso como excusa para subir a su coche que se había quedado sin gasolina y ya dentro del vehículo la amenazó con un pistola que la Guardia Civil ha confirmado que era simulada.
En un momento dado, supuestamente ató a la edil con bridas de pies y manos, le tapó la cabeza y la obligó a meterse en el maletero de su vehículo, el cual estacionó en un local de Armilla, también en el cinturón de Granada, antes de marcharse. Ella logró escapar y pedir ayuda, tras lo que denunció los hechos ante la Guardia Civil.
Ante el juez, la exalcaldesa de Maracena, que dimitía tras las elecciones del pasado mayo --al hilo de las que el PSOE pasó a la oposición tras acceder al gobierno local el PP con un cuatripartito en el que está incluido Vox--, defendió su «inocencia» a principios de julio ante el juez y negó la existencia de irregularidades urbanísticas que pudieran motivar el secuestro, confiando en el archivo de la causa.
Linares, cuya declaración judicial se prolongó durante unas dos horas y media, contestó únicamente a las preguntas del juez que instruye el caso, a la Fiscalía y a su abogado, César Fernández Bustos. El que fuera concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, Antonio García, entró a declarar después de ella y el juez no dictó ninguna medida cautelar contra ellos.
Desde las defensas señalaron, en declaraciones a Europa Press, que tras más de cinco horas de interrogatorio «absolutamente exhaustivo se han disipado todas las dudas existentes en cuanto a la participación de Berta Linares Carmona y Antonio García Leyva, en hecho delictivo alguno» y mantienen que la declaración de ambos han puesto de manifiesto «su indiscutible inocencia».
A su modo de ver, la versión que ofreció la expareja de Berta Linares «ha quedado absolutamente desmentida, resultando incierto que los presuntos inductores y el secuestrador estuvieran juntos en ningún establecimiento de la localidad de Maracena y resultando incierto que tomara sustancia estupefaciente alguna».