El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 11 de julio, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, autorizar la concesión de 50 millones de euros en concepto de subvención para dotar un Plan de Empleo de Andalucía a cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha señalado que este plan --contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2023-- se aprueba «con un enorme retraso» por culpa de «la deficiente ejecución que la comunidad autónoma andaluza está realizando sobre esta materia», según ha sostenido.
En ese sentido, Yolanda Díaz ha criticado que desde la Administración andaluza, gobernada por el PP-A, «nos han remitido la documentación, a pesar de los requerimientos permanentes, la semana pasada», tras lo que ha advertido de que «estos retrasos no van más que en contra de una comunidad autónoma que es la segunda con más paro de nuestro país».
La vicepresidenta y ministra de Trabajo ha añadido que este plan de empleo «va dirigido a la contratación de personas en desempleo en Andalucía, a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, especialmente los jóvenes», en esta comunidad autónoma.
En una nota, desde el Ministerio que dirige Yolanda Díaz han aclarado que el referido importe de 50 millones de euros «deberá destinarse a la ejecución de medidas que permitan incrementar el empleo durante el periodo de ejecución del Plan, que podrá extenderse durante 2024, y que se plasmarán en un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Andalucía».
Datos de paro
Desde el Ministerio de Trabajo han incidido en destacar que la tasa de paro en Andalucía se situó en el 19%, es decir, 6,1 puntos por encima de la media nacional, de forma que es la más alta de todas las comunidades autónomas y sólo se sitúa por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Andalucía concentraba así, según ha abundado el Ministerio, uno de cada cuatro parados del conjunto del Estado (25,3%), hasta sumar, a finales de 2022, un total de 764.900 personas, «la menor cifra de desempleados desde el año 2008».
Sin embargo, Andalucía «concentra uno de cada cuatro parados españoles (25,3%)», y contaba con un total de 3.261.200 personas ocupadas al finalizar 2022, marcando un «récord histórico» a cierre del año, según ha destacado el Ministerio de Trabajo, que ha detallado además que, en términos absolutos, el empleo se incrementó en 11.400 personas, «apenas un 0,4% más», lo que supone un ritmo de crecimiento «muy inferior al 1,4% del total nacional».
Objetivos del plan
Entre los objetivos del Plan de Empleo de Andalucía, el Ministerio ha detallado los de «fomentar programas que contribuyan a la contratación de las personas desempleadas en Andalucía, y al mantenimiento y sostenibilidad de los puestos de trabajo de nuestro mercado laboral; fomentar la contratación indefinida y la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en Andalucía», y «desarrollar actuaciones dirigidas a mejorar la competitividad de la persona trabajadora autónoma».
También, «poner en práctica actuaciones singulares dirigidas a personas que se encuentran en desempleo de larga duración y las especialmente vulnerables ante el empleo; llevar a cabo planes de recolocación que incluyan medidas de orientación, formación, identificación de perfiles profesionales, entre otras actuaciones, que promuevan alternativas de empleo a aquellas personas o territorios que se han visto afectados por el 'Brexit' y, en concreto, en el municipio de la Línea de la Concepción» (Cádiz).
Otros objetivos enumerados por el Gobierno en relación a este plan pasan por «fortalecer el compromiso con la formación integral y con la cualificación de las personas jóvenes; apoyar el emprendimiento, en especial el fomento a las empresas de Economía Social; promover la adaptación al mercado de trabajo y la inserción de las personas con dificultades de acceso al mercado laboral, fundamentalmente con discapacidad», y, finalmente, «promover la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, como de los colectivos más vulnerables».