El Juzgado de lo Penal número uno de Cádiz ha condenado por un delito de atentado a la autoridad y un delito leve de lesiones a un hombre que agredió a un profesional del centro de salud de Trebujena, lo que le ha supuesto una pena de un año de prisión, inhabilitación para sufragio pasivo por el tiempo de la condena, 900 euros de multa por cada uno de los delitos y 150 euros para indemnizar a la víctima por las lesiones sufridas.
Los hechos tuvieron lugar el 8 de abril de 2021, cuando un usuario irrumpió bruscamente en una consulta médica ocupada por otro paciente. Cuando un enfermero acudió para que cesara su conducta, el agresor lo empujó y lo amenazó y, posteriormente, en la zona de Urgencias del citado centro le dio un cabezazo, ha explicado la Junta en una nota.
Por el delito de atentado le corresponde al acusado la pena de prisión de un año, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante este tiempo y multa de tres meses con una cuota diaria de seis euros, es decir, 540 euros. Por el delito leve de lesiones, se le condena a una pena de multa de dos meses con una cuota diaria de seis euros, es decir, 360 euros.
Además, se le han impuesto las costas al acusado que, como responsable civil, también tiene que indemnizar a la víctima con 150 euros por las lesiones causadas. Una sentencia contra la que no cabe recurso de apelación pues se declaró firme en la vista.
Tanto el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, al que pertenece el Centro de Salud de Trebujena, como la Delegación Territorial de Salud y Consumo, han condenado y mostrado «su total repulsa» a este tipo de episodios violentos.
La Junta ha recordado que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunció la pasada semana en el Parlamento de Andalucía que entre las medidas puestas en marcha en defensa de los trabajadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), una de las más importantes sería la aprobación del Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del SSPA, cuya finalidad principal es «erradicar las agresiones contemplando un conjunto de acciones para su protección jurídica y material, así como actuaciones de apoyo».
En esta línea, la Consejería establecerá un régimen sancionador para los usuarios del SSPA con sanciones económicas proporcionadas al daño causado. Además, dentro del Plan de Prevención de Agresiones para los profesionales del SSPA, activado en 2020, se recoge la creación de un Observatorio de Agresiones, cuyo objetivo es proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra esta lacra.
También en el marco de este plan, la Delegación Territorial de Salud y Consumo preside la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios, cuya última reunión se celebró el pasado mes de mayo. Este instrumento pretende encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.