Andalucía vuelve a estar a la cabeza de la litigiosidad en España después de Canarias y es que en 2022 los órganos judiciales andaluces ingresaron un cuatro por ciento más de asuntos que el año anterior, hasta llegar a los 1.254.304, quedando pendiente de resolver un tres por ciento más que el ejercicio anterior.
Así lo ha expuesto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria anual de 2022 en la Real Chancillería de Granada, sede del alto tribunal andaluz, donde ha recalcado que la justicia se encuentra «al borde del colapso, sin que en este último año haya habido »ningún avance organizativo, procesal o tecnológico".
Del Río ha incidido en que los tribunales andaluces han resuelto casi la totalidad de los asuntos ingresados anualmente, pero no pueden disminuir el volumen de asuntos pendientes con los actuales recursos personales y el «defectuoso sistema organizativo», a lo que habrá que sumar el impacto aún por cuantificar de la huelga que durante más de un mes han mantenido los letrados de la Administración de Justicia, y que ha afectado «intensamente» al normal funcionamiento de los órganos judiciales andaluces, a la que ahora se ha sumado el paro de los funcionarios de Justicia.
El presidente del TSJA considera «imprescindible la creación de plazas judiciales para paliar el atasco de la justicia» y dado el volumen sostenido de ingreso de asuntos de los juzgados andaluces ve necesario crear «al menos» 19 plazas en los órganos colegiados y 67 nuevos órganos judiciales, aunque se ha mostrado poco optimista con este asunto ante las «noticias que llegan del ministerio».
En datos
Durante 2022 subieron los asuntos ingresados en las jurisdicciones civil y penal, se mantuvo en la social y disminuyó en la contencioso administrativa. La jurisdicción civil ingresó un 7 por ciento más de asuntos que en el año 2021, siguiendo la tendencia ascendente desde 2017, que obedecía a la litigiosidad derivada de las llamadas 'cláusulas suelo'.
Aunque ha disminuido un 36 por ciento el ingreso de estos asuntos durante 2022, los juzgados aún tienen una bolsa de asuntos pendientes muy elevada. No en vano, la mayor parte de Juzgados andaluces de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción se encuentran con una carga de trabajo muy por encima de los criterios orientativos del Consejo General del Poder Judicial.
La jurisdicción penal, por su parte, ingresa un cuatro por ciento más de asuntos que en el año 2021 y su cifra final supone el 25 por ciento del total de asuntos ingresados a nivel nacional, lo que sitúa a Andalucía en el segundo lugar de litigiosidad en esta jurisdicción.
La jurisdicción social ingresó un 0,7 por ciento menos de asuntos que el año anterior y la jurisdicción contenciosa continuó con el descenso del año anterior, pero mucho más acentuado, con un 16 por ciento menos, rompiendo la tendencia al alza tan inusual del año 2019, donde se produjo un desmesurado ingreso de asuntos en materia de extranjería.
Resolución de asuntos
Durante 2022, los órganos judiciales resolvieron algo menos que los asuntos ingresados. En concreto, fueron 1.248.463 los asuntos resueltos frente a 1.239.820 del año anterior. Estos significa que se resolvieron prácticamente los mismos que el año anterior (un 0,7% más) y quedaron pendientes al final del año un total de 643.622 asuntos. Esto supone un aumento del 3 por ciento respecto a los que quedaron en trámite al final de 2021.
Pese a ello, la carga total de trabajo, es decir los asuntos registrados más los pendientes, siempre es superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide una valoración final satisfactoria ante la patente dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.
Así, indica la memoria que es difícil, por no decir imposible, acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo.
Para avanzar en la normalización de los tribunales, generalizar un rendimiento óptimo de la justicia y una reducción de la bolsa de asuntos pendientes, Lorenzo del Río ve «imprescindible» contar con nuevas plazas judiciales y mejorar los planes de refuerzo, sin olvidar la mejor optimización de ciertos órganos y recursos personales.
Justicia lenta y poco eficiente
La Memoria del TSJA vuelve a reflejar de nuevo la falta de modernización del poder judicial, las deficiencias «denunciadas año tras año, así como la necesidad de replantear la organización de la oficina judicial y sus recursos personales».
Los datos estadísticos conducen a unas conclusiones de la justicia en Andalucía similares a años anteriores. «Que en estas circunstancias, la Justicia sea percibida como lenta y poco eficiente, sólo responde a la realidad», apostilla. Pese a los anuncios para modernizar y transformar la justicia a través de aspectos organizativos, procesales y tecnológicos, «nada se ha materializado durante 2022».
En este sentido, especifica que los proyectos de ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia y de eficiencia procesal siguen con demoras constantes e injustificadas en su tramitación parlamentaria.
Se impide, por tanto, materializar fórmulas de gestión y organización más eficientes -funcionamiento colegiado de los órganos unipersonales- así como medidas de agilización procesal, tecnológicas y de medios alternativos de solución de conflictos.
En este sentido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala que «la justicia, en parámetros políticos no es una prioridad». Pero la litigación masiva y el incremento exponencial de asuntos en algunos órdenes jurisdiccionales, la complejidad creciente de la sociedad y la economía, y otros aspectos estructurales como la modernización tecnológica, «hacen ineludible el viraje prometido hacia una justicia ágil, efectiva y digital. Los proyectos de eficiencia procesal, organizativa y digital, son necesarios e inaplazables, porque surge la necesidad inexorable de interrogarnos sobre si la base sostiene el edificio».
«No queremos predicar en el desierto, pero la situación descrita debería, una vez más, ser una oportunidad para que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo en un gran pacto de Estado por la Justicia. Esa necesaria muestra de responsabilidad de la clase política debe marcar el camino porque, un día, la Justicia colapsará», ha sentenciado.