La Generalitat y el Gobierno siguen negociando sobre el convenio de ejecución de la B-40 en el Vallès (Barcelona), pese a que este viernes termina el plazo pactado entre Govern y PSC en el acuerdo de Presupuestos para firmarlo, y mantienen discrepancias en la financiación de esta infraestructura y en referencias sobre su trazado.
Así lo ha avanzado diario 'Ara' y han confirmado fuentes de la Generalitat a Europa Press, que señala que la negociación continúa abierta para poder firmar el convenio «cuanto antes».
Fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por Europa Press también afirman que siguen trabajando para hacer efectivo el convenio, aunque matizan que no hay ningún plazo: «La Generalitat firmó un plazo con el PSC, pero el plazo no es nuestro».
Las alusiones al trazado de la carretera son uno de los puntos que, hasta ahora, han impedido la firma del convenio.
En las propuestas que ha enviado Transportes a la Generalitat se mencionan conexiones de la B-40 con municipios del Vallès más allá de Sabadell, pese a que el acuerdo con el PSC quedaba acotado a la conexión entre Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès (Barcelona).
Fuentes de la Generalitat han recordado que ese fue el compromiso que aceptó el Govern --que cedió sobre la B-40 para lograr el apoyo de los socialistas a los Presupuestos-- y, en consecuencia, consideran que el convenio no debe incluir menciones a futuras conexiones que remiten a la infraestructura del Cuarto Cinturón.
La otra discrepancia entre Govern y Ejecutivo afecta a la financiación de la B-40: Transportes ha propuesto que se financie a cargo de la disposición adicional tercera del Estatut d'Autonomia, sobre inversiones del Estado en infraestructuras catalanas.
Estos son fondos que el Estado «debe» a la Generalitat, destacan fuentes del Ejecutivo catalán.
Así, la propuesta del Gobierno presupuesta 200 millones de euros para la B-40 que saldrían de fondos que la Generalitat defiende que le corresponde a ella decidir en qué invertir, aunque salgan de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Fuentes del Gobierno consideran que «no se puede financiar algo que nunca vaya a tener nada con competencias del Estado» y aseguran que el convenio debe cumplir los requisitos.