El Parlamento Europeo ha acordado este miércoles mantener abierta la petición de medidas presentada por la 'Asociación de Afectados Metro de Madrid Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares' ante los daños en las viviendas provocados por las obras que comenzaron en 2004 para extender la línea 7 de Metro de Madrid, aunque Bruselas considera que no entra en competencias europeas, sino a la legislación nacional.
La comisión parlamentaria de Peticiones ha acordado por mayoría mantener abierto este expediente a pesar de la advertencia de la Comisión Europea de que su resolución compete a las autoridades nacionales y no a la normativa de la Unión Europea (UE).
La petición expone que a pesar de las revisiones, inspecciones y acuerdos con el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y diferentes entidades locales para reparar la situación, no se han puesto en marcha las soluciones necesarias para aliviar temporalmente la situación de habitabilidad para las personas y familias afectadas.
Los denunciantes han solicitado la adopción urgente de medidas políticas y legislativas por parte de las autoridades españolas y también del Parlamento Europeo, además de una investigación sobre los fondos europeos de los que se beneficiaron las obras a fin de garantizar que en el futuro se realicen estudios sólidos y fiables.
Aunque los afectados han aclarado que su intención no era «confrontar a los grupos políticos, sino buscar una solidaridad en la UE que no han hallado en la Comunidad de Madrid», la petición ha dado lugar a un debate que el eurodiputado 'popular' Pablo Arias Echeverría ha tachado de «ruido mediático» y «campaña política».
«Solo un gobierno sin alma como el de Isabel Díaz Ayuso puede permanecer indiferente ante el drama que viven los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares», ha criticado, por su parte, la socialista Cristina Maestre, quien ha invitado a que la Comisión Europea viaje a San Fernando para «tocar piel» en este asunto.
Esta propuesta de enviar una misión desde Bruselas ha obtenido además, el respaldo de los grupos parlamentarios de los Verdes y la Izquierda, representados por Ana Miranda y Sira Rego, quienes han aludido, respectivamente, a la «capacidad de empatía» de los legisladores europeos frente a la «mala gestión y las chapuzas» del gobierno madrileño.
El expediente ha quedado abierto gracias también al apoyo de los Liberales europeos (Renew Europe), que puede posibilitar en el futuro enviar una misión 'in situ', aunque, según ha aclarado la presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, que esa decisión corresponde a los coordinadores y escapa a su competencia.