Miquel Real, exjefe de gabinete de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha comunicado al juez que se acoge a su derecho a no declarar en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por parte de un educador, exmarido de Oltra, hasta que no se le traslade la pieza secreta que investiga los correos electrónicos entre imputados.
Así se recoge en un escrito que Real ha hecho llegar este lunes al Juzgado de Instrucción número 15 de València, en el que el ex jefe de gabinete de Oltra está llamado a declarar este jueves, 12 de enero.
Según este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, «existe una pieza secreta que pudiera afectar al derecho de defensa» de Real «al haber sido citado a declarar antes de que todo lo instruido hasta el momento sea puesto en conocimiento de esta parte».
Además, se señala que «salvo error u omisión» el investigado no ha sido notificado de la prórroga --por segunda vez-- del secreto sobre esta pieza separada, recogida en un auto del pasado 25 de diciembre de 2022, por un tiempo un mes. En esta resolución el instructor estimaba esta prórroga al «no haber variado los motivos por los que se declararon secretas estas actuaciones y por ser necesario para el éxito de la instrucción».
Por todo ello, el actual asesor de asuntos generales de la Conselleria de Igualdad ha comunicado que se acoge a su derecho a no declarar «hasta el momento» en que se le dé traslado de dicha pieza y «con tiempo suficiente para instruirse de la misma», pues considera que «resulta del todo punto imposible que el derecho de defensa sea cumplido en toda su extensión».
Real ha solicitado al juzgado que acuerde una nueva declaración cuando se le dé traslado de la pieza secreta, así como que se le comunique si se considera «necesario» que comparezca el día fechado para manifestar su intención de acogerse a su derecho a no declarar.
El pasado 27 de octubre el Juzgado de Instrucción número 15 de València abrió una pieza separada secreta tras la petición de la acusación popular ejercida por Gobierna-TE, que había pedido la aportación a la causa de los correos electrónicos del servidor de la Generalitat de dos altos cargos en Igualdad en el momento de los hechos.
La acusación popular había pedido la práctica de diligencias para identificar a los miembros del Gabinete de Vicepresidencia en los momentos de la investigación --que afecta a Oltra y otros 14 altos cargos y técnicos en el departamento que dirigía--, así como en cuanto a la participación de sus miembros en los hechos, por medio de la aportación a la causa de las comunicaciones de correos electrónicos del servidor público de la Generalitat en relación, ahora, con el director general de Infraestructuras y Servicios Sociales, Enrique Alcocer, y el entonces secretario autonómico de Igualdad, Alberto Ibáñez.