El grupo del PP en las Cortes regionales ha lamentado que el informe que fiscaliza la cuenta general de la Diputación General de Aragón de 2021 «confirme, una vez más, una forma reiterada» de actuar del Ejecutivo, basada en las «continuas irregularidades en materia de contratación» y en una «falta total de transparencia», que refleja su «incapacidad» de gestionar.
Así lo ha resumido la diputada portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, en rueda de prensa, donde ha hecho una valoración sobre el citado documento elaborado por la Cámara de Cuentas. Ha advertido de que al proceder de esta manera el Gobierno de Aragón «compromete no solo los servicios públicos del presente, sino el futuro de la Hacienda» regional.
En materia de contratación, ha expuesto, «vemos como el Gobierno de Aragón ha hecho adjudicaciones a dedo», con contratos «que no ha suministrado a la Cámara de Cuentas, a pesar de los continuos requerimientos» de la misma. «El informe refleja omisiones, deficiencias y errores a la hora de colaborar para la fiscalización de los contratos», ha añadido Vaquero.
La parlamentaria ha detallado que hay más de 800 contratos «que no se han aportado a la relación de documentos que ha solicitado la Cámara», lo que supone que el Gobierno «incumple reiteradamente» respecto a las deficiencias que comunica la Cámara de Cuentas.
Por otra parte, ha manifestado que la deuda está «cada vez más disparada», «sigue creciendo hasta niveles históricos, con más de 9.300 millones de deuda de la comunidad autónoma, hipotecando a las generaciones futuras».
A este se suma, ha dicho, «una inejecución e infradotación presupuestarias, donde los ingresos son incapaces de afrontar los gastos ordinarios y donde además se verifica que Aragón es la comunidad autónoma que más tarda en pagar a proveedores».
En este punto, Vaquero ha aportado el dato de que el plazo medio de pago a proveedores en Aragón ha estado ocho meses de 2021 por encima del plazo legal, que es de 30 días, y si la media de las comunidades autónomas es de 25, la de la aragonesa, de 35.
«Lambán, además de no cumplir la ley y cometer irregularidades en la contratación, de negar información a la Cámara de Cuentas para garantizar la fiscalización y de ser incapaz de gestionar la Hacienda pública aragonesa, está llevando a una situación de insolvencia a las cuentas públicas, que se produce en el Gobierno que más dinero extraordinaria ha recibido», ha observado Vaquero.
Desbarajuste
La parlamentaria ha indicado que, en 2021, esta comunidad autónoma recibió más de 500 millones del Gobierno de España, así como fondos europeos y, «a pesar de ello, no ha destinado este dinero a la recuperación económica, a garantizar unos servicios públicos, es más, ha llevado a los aragoneses a ser los españoles que más impuestos están pagando». A su entender, existe un «desbarajuste» en las cuentas públicas hace de que este sea el gobierno «que con más cada vez hace menos».
Por otra parte, ha criticado que se hayan destinado 373 millones de los 900 aportados por el Estado «a tapar agujeros»; que 172 millones provengan de 800 contratos que no se han adjuntado a la Cámara de Cuentas y que haya cerca de 175 contratos que se han adjudicado a dedo.
«Esto es gravísimo, es muy preocupante, no se trata solo de una forma de gobernar del PSOE, sino de una forma de ser», con un incremento de deuda «que hará que sean otros, el PP, el que gestione este desbarajuste y ordene las cuentas publicas».
Asimismo, Mar Vaquero ha subrayado que los Departamentos en los que se han detectado los contratos que no han sido aportados a la Cámara de Cuentas «son los que tiene que garantizar los servicios públicos», es decir, el de Educación, el de Sanidad y el de Derechos Sociales, «donde más contratos han sido adjudicados a dedo» y «dónde es imposible encontrar a qué corresponden los pagos que se han hecho y también se pone en peligro la prestación de esos servicios públicos».
La portavoz del PP ha confiado en que la Cámara de Cuentas, tal y como prevé la ley, traslade esta información a las Cortes de Aragón «por lo menos para defender a la institución ante el cumplimiento reiterado y falta de colaboración» del Ejecutivo y que emita una valoración sobre si existe responsabilidad contable en la gestión de la Hacienda pública e indicios de esta responsabilidad contable que deban trasladarse ante el Tribunal de Cuentas.