PP y Vox han aprobado, en el Pleno de la Asamblea de este jueves, la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como 'Ley Ómnibus', que modifica 50 textos normativos, con duras críticas de la izquierda.
A pesar de haber anunciado su voto en contra a los Presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y haber votado diferente al PP en otros dos puntos del Pleno, Vox ha cumplido con el acuerdo alcanzado en octubre para sacar adelante esta importante normativa para el Ejecutivo a cambio de incluir 56 de sus enmiendas, entre ellas la de eliminar los informes de género en materia urbanística. Por esta cuestión los grupos de izquierda han avanzado que la llevarán al Tribunal Constitucional.
Entre otros puntos, esta normativa incluye en el área sanitaria la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al Sermas. También se prevé que se pueda eximir del requisito de nacionalidad a ciudadanos extracomunitarios en categorías estatutarias, cuya titulación para el acceso sea una especialidad médica deficitaria.
En materia gestionada por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la Ley Ómnibus permitirá con su entrada en vigor mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables y se agilizará la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
En el ámbito de las competencias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se recoge la reforma de la Ley del Juego, que refleja, entre otras medidas, una modificación del régimen de publicidad, promoción y patrocinio con el fin de regularlo de manera ordenada. También se revisa el sancionador, se establecen políticas de juego responsable y se contemplan acciones preventivas, de sensibilización, intervención y control.
En relación con la prevención, extinción de incendios y salvamentos, se revisan las condiciones de la carrera profesional del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, para garantizar la óptima cobertura de los servicios que prestan regional. Asimismo, con el objetivo de «aumentar su eficacia y calidad», se dota al Cuerpo de Agentes Forestales de un grupo técnico y de mando.
En cuanto al contenido de la Ley, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, esta incluye una modificación de la Ley 9/2001 del Suelo para que, según el Ejecutivo, «sea más liberalizadora y permita reactivar la economía regional y favorecer las iniciativas emprendedoras y la inversión». Se modifican cambios a la hora de otorgar licencias urbanísticas.
Reducciones de tasas educativas
A través de la Ley Ómnibus, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo introduce cambios en la Ley regional de Tasas y Precios Públicos con el fin de incorporar nuevas exenciones y reducciones en el ámbito educativo, del medio ambiente, la formación y el empleo.
Además, se establece un mandato al Consejo de Gobierno para que revise «la política de subvenciones y ayudas, de manera que éstas últimas se otorguen valorándose el cumplimiento de los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos».
Desde la Consejería de Administración Local y Digitalización se propone la modificación de la Ley 2/2003 de Administración Local, con el objetivo de «crear mancomunidades de interés general y simplificando el procedimiento para el cambio de sus estatutos».
La Consejería de Transportes e Infraestructuras adapta la normativa autonómica de carreteras a las nuevas vías de comunicación (carreteras multicarril o doble calzada y las vías ciclistas) y, además, se contempla la elaboración y aprobación de una Estrategia de Seguridad Viaria de carácter multidisciplinar.
En materia de Deporte se dota de mayor seguridad jurídica a su profesionales para que puedan mantener su actividad hasta la entrada en vigor del reglamento que las desarrolle, sin menoscabar el objetivo final de mejorar la formación que deben tener los trabajadores del sector, cuya finalidad es proteger la salud de los ciudadanos.
La izquierda, en contra
En el debate parlamentario, el diputado de Unidas Podemos Tito Morano ha sostenido que esta ley «sostiene el modelo del PP y de su apéndice parlamentario Vox» y va a condicionar los futuros gobiernos de la Comunidad. Ante los problemas de la autonomía, según el parlamentario, el Gobierno del PP solo propone «fomentar la construcción y la especulación inmobiliaria».
«Los ladrillos ni curan, ni educan, ni se comen», ha remarcado, al tiempo que ha subrayado que esta normativa demuestra que «no hay proyecto de región por parte del PP» sino que lo único que hay es «un plan de negocio». A su parecer, este texto es «un esperpento».
A continuación, el diputado del PSOE José Luis García ha reconocido que no les gusta esta normativa porque se trata de «una burla» para la ciudadanía, es «opaca», una «trampa» y un «cajón desastre». Así, ha recordado que, tras su aprobación, no descartan acudir a los tribunales. como ya anunciaron cuando se registró la Ley. «Es un mal Proyecto de Ley. No se moderniza la administración cuando suprimen el informe que tienen que hacer la comisión de policías locales e imponen de forma injustificada régimen multidisciplinario a los agentes forestales», ha especificado.
En su turno de intervención, la diputada de Más Madrid Tania Sánchez ha tachado de «despropósito general» la tramitación y debate de la Ley, que se presentó «con muchísima urgencia» hace ya un año. También la ha calificado de «chapuza» y ha defendido que no hay «ni una sola medida» de la que se vaya a beneficiar un madrileño sino «solo los más fuertes» por la desregularización.
Vox destaca la negociación como "ejemplo"
Por su parte, el diputado de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes ha puesto en valor la «negociación larga, profunda y compleja» entre Vox y PP para esta ley, que derivó en un «acuerdo global» que entiende que es un «ejemplo» de cómo «se debería funcionar» entre ambos partidos.
Ha defendido, además, la capacidad de Vox para conseguir en la negociación que se sacaran cuestiones no relativas a la agilización de la administración, como «la toma del control de la Cámara de Cuentas», que se eliminó del texto para que «no se pudiera politizar el organismo». También ha recordado que uno de los puntos conseguidos fue quitar el requisito de informes de género en materia urbanística o «mejorar las condiciones laborales» de los médicos y la creación de la especialidad de los cuidados paliativos.
Por último, el diputado del PP José Virgilio ha defendido que esta normativa «esta hecha par los madrileños del siglo XXI» y que agilizará los trámites, además de ayudar a los jóvenes a tener una vivienda digna. «Está hecha para una sociedad madrileña dinámica y se les facilite un marco que no les limite su progreso», ha expuesto, para a continuación afear «los clichés» de la izquierda.