El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha criticado este sábado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el recurso anunciado ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas con el que persigue «confrontar» con el Gobierno «no para defender» a los andaluces ni a la autonomía, sino «exclusivamente al 0,2% más pudiente de la comunidad, a la que beneficia con su regalo fiscal de 120 millones de euros a costa de los recursos públicos para sanidad, educación, dependencia y servicios sociales».
Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Espadas ha afirmado que Juanma Moreno «hace una vez más lo que más le gusta, confrontar con el Gobierno de España», y ha insistido en que el objetivo del Gobierno del PP es «seguir protegiendo a la minoría más pudiente a la que decidió hacerle un regalo fiscal ahorrándole nada más y nada menos que 120 millones, a costa de que no dispongamos de estos recursos para ayudar a las familias andaluzas en momento como este de subida de precios».
Por ello, el socialista ha censurado que Juanma Moreno «no haga nada» desde la Junta para «apoyar a los hogares y el tejido económico de la comunidad ante la crisis de la inflación y energética», dejando que «la ayuda a los andaluces las haga solo el Gobierno de España mientras utiliza la autonomía fiscal de Andalucía para hacer regalos a las grandes fortunas».
En este sentido, el líder socialista andaluz ha considerado «incoherente» que Juanma Moreno deje las arcas públicas «sin 120 millones con su regalo fiscal para ricos» y, al hablar del presupuesto de la Junta para 2023, «diga que no tiene recursos propios ni autofinanciación suficiente y que, con los fondos que tiene, solo puede llegar hasta dónde puede llegar en materia de sanidad pública, educación o dependencia».
Por tanto, Espadas ha reclamado a Juanma Moreno que «no ahorre» 120 millones a las grandes fortunas de la comunidad y «asegure ese dinero como recursos de la Junta», incidiendo en que se trata de fondos «imprescindibles» para «garantizar el personal sanitario que necesita el sistema público de sanidad y también para los ayuntamientos».