El Govern ha ejecutado la recuperación de la C-25, más conocida como Eix Transversal, con un pago este miércoles de 479 millones de euros a Cedinsa, la empresa concesionaria, a través de una de las ventanas del contrato para recuperar la gestión, lo que supondrá un ahorro neto para las arcas públicas de 781 millones de euros hasta 2040 --que equivale a 46 millones anuales en 17 años--.
Fuentes de la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat han explicado este miércoles que el contrato con Cedinsa, que está participada mayoritariamente por la francesa Vauban Infraestructure Partners, fue firmado en 2007 y preveía una posible resolución anticipada en 2017, 2022 y 2027.
La Conselleria ha realizado la operación a partir de remanentes de la Generalitat y estima que permitirá el ahorro de estos 781 millones de euros teniendo en cuenta todos los pagos a realizar y el coste de la gestión y mantenimiento de la vía --cifrado en 15,5 millones anuales--, que recaerá en la Conselleria de Territorio a partir del 1 de enero de 2023.
Las mismas fuentes de Economía han asegurado que se trata de «la operación financiera con un mayor impacto en las finanzas» realizada por la Generalitat en la última década y que, de los 479 millones, 354 se imputan como reducción de deuda y 125 como inversión.
En 2010, la concesionaria pidió un préstamo de 50 millones de euros a la Generalitat, el saldo vivo del cual es de unos 30 millones, que se deberían deducir del importe máximo previsto, y que Cedinsa ha demandado alegando que el crédito no ha vencido, cuando la administración catalana considera que sí.
Financiación
La Generalitat solicitó en marzo al Ministerio de Hacienda poder financiar esta operación a través de entidades bancarias, petición que fue aprobada e, incluso, hasta mayo de 2022 el Govern había recibido ofertas de dos bancos.
Paralelamente, el Ejecutivo catalán pidió refinanciar esta operación a través del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) de 2021 que no se dispuso, operación que no llegó a tener autorización formal y que, finalmente, ha sido descartada.
Así, la Generalitat ha decidido financiar la operación a través de la tesorería propia, ya que cuenta con la capacidad financiera suficiente para llevarla a cabo, han explicado las mismas fuentes.
Litigiosidad
La operación acarrea por el momento tres demandas de medidas cautelares de Cedinsa: una para evitar que la Generalitat se endeude para financiar la operación; otra contra los acuerdos de Govern con los que se pidió crédito para obtener el dinero, y la tercera referente al crédito participativo de 2010: «Tiene más que ver con el pago y no con negar la máxima».
Al respecto, la Generalitat no ha tenido que hacer ninguna provisión hasta el momento porque todas las cautelares se han resuelto a su favor, aunque las mismas fuentes aseguran que puede haber más litigiosidad en el futuro.
En junio de este año, Cedinsa afirmó que la decisión de la Generalitat de resolver anticipadamente la concesión de la vía era un rescate y que la posterior gestión de la infraestructura por parte del Govern implicaría «un ahorro prácticamente nulo» para el Ejecutivo catalán.
Natàlia mas
En declaraciones a los periodistas, la consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha dicho que se intentó llevar a cabo esta operación en 2017, cuando el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, estaba al frente de la Conselleria, pero que no fue posible debido al 155.
«Hemos tenido una nueva oportunidad contemplada en el contrato. Cedinsa ofreció voluntariamente tres ventanas de oportunidad para cancelar el contrato. Lo hacemos para liberar recursos de la Generalitat y hacer más cosas», ha explicado.
Preguntada por la fuente de financiación, Mas ha dicho que, como tenían remanentes previstos para ejercer esta operación, no han optado por hacerla a través del FLA ni con endeudamiento: «Lo que implica un ahorro neto superior».
Juli fernàndez
Por su parte, el conseller de Territorio, Juli Fernàndez, ha explicado que desde la Conselleria han procedido a la resolución del contrato aplicando la cláusula 16 que contempla la posibilidad de la ejecución de salida de la concesión.
Ha dicho que esta operación genera un ahorro que les permite tener una mayor disponibilidad de recursos para poderlos poner al servicio del bienestar de la ciudadanía y de la competitividad de Catalunya: «Es una manera de mejorar la eficiencia de la gestión del Govern».
«Esta carretera desde Cervera (Lleida) a Caldes de Malavella (Girona), estos 150 kilómetros, pasarán a formar parte de la gestión directa de la red viaria de la Generalitat. Garantizamos la continuidad de servicio y lo haremos con recursos propios. Los ciudadanos no notarán ninguna diferencia en su día a día, pero sí el incremento de recursos disponibles», ha añadido.