El presidente de la Junta de Andalucía y presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que el debate sobre la rebaja de penas por delitos de sedición es «un peaje más que pagamos los españoles» para garantizar «la subsistencia política» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así lo ha señalado Moreno a preguntas de los periodistas antes de intervenir en el acto de entrega del XXII Premio Joaquín Romero Murube al periodista José Joaquín León, donde ha afirmado que este debate «no solucionan ninguno de los graves problemas de los españoles».
«Esto soluciona un problema a Sánchez de gobernabilidad y de subsistencia política. Es un peaje más que tiene que pagar para seguir gobernando», ha señalado.
Tras esto, ha remarcado que el Congreso se encuentra «hablando de presupuestos y de escasa mayoría parlamentaria», por lo que ha reflexionado que la sedición «es el precio que ponen los independestistas» para aceptar las cuentas del Ejecutivo nacional. «Un peaje más que pagamos el conjunto de los españoles para la supervivencia del señor Sánchez», ha concluido.
En esta línea, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha sostenido este martes que el debate sobre la reforma del delito de sedición es una necesidad de adaptar la conducta de este tipo penal al «año 2022».
La anunciada reforma del delito de sedición por parte del Gobierno ha cobrado actualidad por la petición de ERC para que se materialice de una vez por todas coincidiendo con el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Si bien la ministra de Justicia, Pilar Llop, desvinculó por completo ambas cosas, en el marco de un desayuno informativo celebrado el pasado jueves, sí reiteró que España debe «homologar» este delito a su regulación en otros países europeos para que haya unas «penas adecuadas a las conductas que se consideran sediciosas», ya que estima que las penas vigentes son «desproporcionadas».
La sedición se recoge en el artículo 544 de nuestro Código Penal (CP) como la conducta de quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».