Dos personas han sido detenidas este jueves durante la protesta de taxistas convocada para protestar ante el Parlamento de Andalucía contra la regulación que prepara la Junta para los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), y que ha incluido lanzamiento de huevos y botellas, pitos, abucheos y cargas policiales. Escenas de tensión ante las que el Gobierno andaluz ha respondido subrayando que la futura norma aún se está negociando y que no se busca «dañar al taxi».
Alrededor de un millar de personas han participado en la protesta, que arrancaba a las 9,30 horas de la Escuela Superior de Ingeniería (ETSI) de Sevilla, desde donde los taxistas se desplazaron hasta el Parlamento. Portaban tambores, pitos y pancartas en las que anunciaban que el taxi «no se rinde», en esta ocasión ante el proyecto normativo, que según anunciaba esta semana Fomento habilitará a los VTC para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, si bien se establecerán requisitos para que estas medidas garanticen «la convivencia» y ofrezcan «el mejor servicio al ciudadano».
Una argumentación que no ha convencido al taxi. «Nos han engañado, en esencia nos han engañado», ha apuntado a periodistas Francisco de la Piedra Vega, representante de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), a las puertas de la cámara andaluza. Los taxistas consideran que «de la noche a la mañana y con la mayoría absoluta del PP el discurso ha cambiado completamente» en San Telmo y se sienten «traicionados» ante el movimiento de la Consejería, a la que han advertido de que no dudarán en recurrir a los tribunales.
«Que sepan que vamos a denunciar si prosiguen en esta regulación que pretenden hacer. Ellos sabrán lo que hacen», ha apuntado tanto en relación a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo --que se encontraba compareciendo en la comisión del departamento en el Parlamento-- como a la totalidad de la Junta.
Entre estos avisos, la tensión fue aumentando en la protesta y acabó por estallar cuando varios de los manifestantes intentaron tirar las vallas del perímetro de seguridad, lanzando además huevos ante el edificio. La situación desembocó en la detención de uno de los participantes por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, lo que a su vez exaltaba aún más los ánimos de un grupo de taxistas, que trataron de impedir que el coche policial que lo transportaba abandonase el lugar, lanzando al vehículo botellas y palos.
Como respuesta se produjo una carga policial que concluyó con una segunda detención. En medio de la tensión, los taxistas han increpado también a los medios de comunicación, acusándoles de «vendidos», mientras se reforzaba el cordón policial en torno al edificio del Parlamento, una vez los manifestantes había superado la verja exterior.
En este contexto, desde el edificio acudió a saludarles la diputada de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez, quien explicaba que se dirigía a la reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que aseguraba le expondría las reivindicaciones de los taxistas «como primer punto» del encuentro, lo que desató vítores entre los manifestantes.
«Nos parece que ha habido mala fe por parte de Fomento y del gobierno de la Junta», ha dicho a periodistas Rodríguez, que ha considerado que «les han dado coba durante mucho tiempo diciéndoles que no se iba a regular» para al final proponer «un decreto ley que es claramente pro-VTC». «Nosotros estamos a favor de las familias del sector del taxi frente a las multinacionales radicadas en paraísos fiscales», ha subrayado la diputada, que ha asegurado que defenderá que el decreto no salga adelante y que la Junta negocie con todas las organizaciones del sector.
La junta asegura que sigue "negociando" la norma
Mientras en los alrededores del Parlamento se desarrollaba la protesta, en el interior la consejera de Fomento subrayaba que aún no han concluido las conversaciones para elaborar la regulación, que se buscará el «diálogo y la participación» y que en todo caso el objetivo es tener seguridad jurídica y «no dañar la actividad que presta el taxi».
«Seguimos negociando y hablando porque queremos aprobar esa norma y hacerlo en base al diálogo y la participación», ha dicho la consejera, que ha señalado que las conversaciones se desarrollan desde hace una semana, «todavía no se ha concluido y tienen que seguir avanzando».
Asimismo, ha insistido en que el objetivo principal es «contar con seguridad jurídica» para poder organizar y facilitar la convivencia del taxi y los VTC y dar un mejor servicio al usuario. «Por encima de todo y en el centro de la regulación ha de estar el usuario, que tiene que contar con los mejores servicios», ha argumentado Carazo, que ha asegurado que desde la Junta no se que quiere «dañar la actividad que presta el taxi».
«Estamos trabajando para ofrecer la mejor herramienta legal para esa convivencia», ha zanjado la consejera, que ha sostenido que la Junta considera que es competencia del Estado regular esta cuestión, y que «tras la negativa del Estado» deben hacerlo desde el Gobierno andaluz «de forma urgente para su entrada en vigor el 1 de octubre».
Claves de la propuesta
La Consejería de Fomento ha explicado esta semana que el futuro decreto ley habilitará a los VTC para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, si bien se establecerán requisitos para que estas medidas garanticen «la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano».
«Defendemos que en España no puede haber 17 modelos distintos de regulación de VTC y que, por tanto, debe ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que apruebe una norma para todo el país, pero dada la inacción de éste y su decisión de atribuir a las comunidades esta regulación, hemos decidido aprobar un decreto ley», indicaba Fomento en un comunicado en el que subrayaba que se reforzará la inspección, «duplicando las actuaciones».
Asimismo, recordaba que el Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre, el conocido como Decreto Ábalos, introdujo cambios en el régimen jurídico del servicio de VTC, siendo la principal la supresión de los servicios urbanos con un periodo transitorio de compensación de cuatro años, hasta el 1 de octubre de 2022, obligando a las comunidades autónomas a regular para habilitar el servicio urbano a partir de esa fecha.