La parlamentaria del PP Aragón Marian Orós ha urgido al Gobierno de Aragón a pagar a la entidad social zaragozana ADISLAF el millón de euros que, según sus cálculos, les adeuda, así como a autorizar la apertura de una nueva residencia de la entidad.
Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado la «situación desesperada» de ADISLAF, «con más de 40 años de experiencia», y ha recordado que gestiona 250 plazas de residencia para personas con discapacidad y da trabajo a más de 200 personas en sus centros especiales de empleo.
«Llevan 21 meses esperando que al secretario general técnico --de Ciudadanía y Derechos Sociales-- le venga bien dar la autorización para una de sus residencias», que cuenta con licencia municipal desde 2019, ha dicho Orós.
La diputada del PP ha dicho que la Administración aragonesa adeuda a esta entidad 346.000 euros por sus centros especiales de empleo, 139.000 según el Gobierno de Aragón. Ha recordado que el Gobierno regional está obligado a pagar a 30 días y que está tardando 210 en todos los casos.
La última factura abonada por el Gobierno de Aragón a ADISLAF es del mes de enero y «ni les conciertan nuevas plazas ni revalorizan los precios de las plazas», se ha quejado Marian Orós, subrayando que los precios de las plazas sirven para pagar la alimentación, la calefacción y a los trabajadores, de manera que ADISLAF «no tiene dinero ni capacidad para pagar las nóminas del mes que viene ni a los proveedores», lo que ha atribuido a «la falta de diligencia, sensibilidad y gestión de la DGA».
"hay que pagar"
También ha manifestado que a la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, «se le llena la boca diciendo que quiere mucho a ADISLAF, pero los Gobiernos, aparte de tener empatía, tienen que tener capacidad de gestión y tienen que pagar».
Ha comentado que las entidades del sector han pedido una reunión con las consejeras de Presidencia, Mayte Pérez, y de Ciudadanía, María Victoria Broto, quienes «son expertas en el escapismo».
Muchas entidades, ha pronosticado, «no van a poder pagar ni las nóminas ni a los proveedores este mes». Orós ha expresado la «enorme preocupación por esta situación, que es agónica, y la impostura del Gobierno de Aragón».
En 2022 se han concertado en total 19 nuevas plazas, sin alcanzar la tasa de reposición, y hay 180 personas con discapacidad «esperando una plaza».