El servicio regional 112 Ocupación ha recibido desde que su puso en marcha hace 40 días casi 300 llamadas de madrileños planteando problemas respecto a la usurpación ilegal de viviendas, de las mil llamadas recibidas.
Así lo ha indicado esta mañana el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, quien ha señalado que llamadas de estas personas están siendo atendidas «dentro de las competencias limitadas que tiene una comunidad autónoma».
«En este centro de coordinación municipal en el 112 está Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local y rápidamente cuando se producen esas llamadas se pasa la información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por si se produce algún suceso que pueda ser considerado como delictivo», ha indicado.
Para López, la cantidad de llamadas recibidas por esta oficina refleja que hay «un problema social y criminal que el Gobierno de España debería de considerarle y darle un lugar preminente en su política y para eso hay que cambiar leyes para proteger al propietario y la propiedad, reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento criminal».
«Pero hay una parte del Gobierno que contextualiza, explica y casi justifica la okupación. Por ello poco podemos esperar de un Gobierno que casi justifica la ocupación ilegal de inmuebles y la otra parte mira para otro lado», ha criticado.
La Comunidad, en la medida que permiten sus competencias, trabajará en un problema que «consideramos de primer orden», ha afirmado, para recordar que Madrid no es la región donde más ocupaciones se producen, ya que Cataluña está a la cabeza.
«Tenemos que seguir trabajando para que los ciudadanos, en su mayoría propietarios de una vivienda, se sientan seguros y tranquilos y con una Administración que les protege. Aquí quien tiene las competencias máximas en esta materia es el Gobierno de España, que no está haciendo absolutamente nada al respecto», ha apostillado el consejero.
Servicio 112 ocupación
La Comunidad de Madrid puso en marcha en julio, tras varios retrasos desde su anuncio hace casi dos años, el nuevo servicio 112 Ocupación, que desde entonces atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados través del teléfono 900 205 112. Con una sola llamada, los perjudicados tendrán a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada.
La Estrategia se desarrolla en una colaboración entre las Consejerías de Presidencia, Justicia e Interior y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, con especial hincapié en la Agencia de la Vivienda Social. En la actualidad, en la región hay unas 4.300 viviendas afectadas por este grave problema.
Marcar el 900 205 112 permite a una persona conocer los aspectos jurídicos de la ocupación ilegal de una vivienda y las posibilidades que tienen de defender su legítima propiedad ante los tribunales, así como ser objeto de la actuación y protección por parte de los cuerpos policiales. Además, podrán recibir ayuda por parte de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser ahora consideradas como tales, indica el Ejecutivo autonómico.
Tienen convenio firmado con la Comunidad de Madrid para su participación en el ámbito de la coordinación con el CECOM 18 ayuntamientos. A estos últimos hay que sumar otros cuatro que han cedido agentes de sus Policías Locales para desempeñar este servicio.
Por el momento, el Centro de Coordinación Municipal presta servicio de 07.30 a 23.30 horas, con dos operadores en toda la franja y un policía sólo durante la mañana, los siete días de la semana. En breve se añadirá un turno de noche.
Si el hecho de la ocupación ilegal tiene lugar en el momento de la llamada o dentro de las 48 horas siguientes, los agentes telefónicos del CECOM realizarán un primer análisis de la situación. Como paso inicial, si por sus circunstancias se considerase una emergencia, se derivaría el caso al 112 para la actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales.
Los citados agentes --los cuales han recibido formación específica para ello-- realizan una calificación jurídica, si bien los expedientes más complejos podrán ser trasladados a uno de los dos inspectores de vivienda especialistas que forman parte de este servicio. Todo ello antes de que se produzca la intervención policial o las gestiones que pueda realizarse en las OAVD.