La diputada del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Regla Martínez, ha asegurado que la Junta de Andalucía «sí tiene mucho que decir en cuanto a la ejecución de obras hidráulicas», después de que la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Sevilla, María Isabel Solís Benjumea, argumentara que la depuración y el abastecimiento de agua a las poblaciones «no son competencia de la Junta».
Así, Regla Martínez ha señalado en un comunicado de prensa remitido este miércoles por el órgano provincial que la Junta tiene «la obligación y los recursos económicos para construir todas las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar el abastecimiento» a los municipios andaluces.
La diputada ha esgrimido para ello el acuerdo de la Junta de 26 de octubre de 2010 con el que se declararon de Interés de la Comunidad Autónoma las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de calidad de las aguas de Andalucía. De este modo, "asumió las competencias en la ejecución de más de 300 actuaciones que aparecen en el anexo de dicho acuerdo. Posteriormente, en 2020, declaró igualmente de Interés de la Comunidad Autónoma varias obras hidráulicas.
La delegada territorial de Agricultura defiende, por su parte, que la Administración andaluza acumula desde 2019 «una inversión de 283,4 millones de euros en actuaciones hídricas en los municipios sevillanos». Además, Solís ha explicado que pese a que el abastecimiento de agua «no es competencia» de la Junta, «en ningún momento se ha dejado en el abandono a los pueblos, lo que se demuestra mediante las actuaciones que la Junta ha realizado en el periodo 2019-2022 mediante una inversión de 283.451.679,31 euros, con especial atención a las sierras Norte y Sur».
Por otra parte, según la diputada provincial en la Diputación de Sevilla, el «acuerdo» que asumió la Junta en 2010, «tiene dos consecuencias inmediatas». En primer lugar, que esas obras declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma son «competencia exclusiva y excluyente de la Junta de Andalucía, por lo que ninguna otra Administración --ni Ayuntamientos, ni Diputación-- pueden ejecutar esas obras sin caer en la figura de la doble imposición a la ciudadanía».
En segundo lugar, Martínez ha añadido que «la gestión de los servicios del ciclo hidráulico queda inevitablemente supeditada a que la Junta cumpla con los compromisos adquiridos». Esto significa, según la diputada, que si la Junta «no cumple con el compromiso de la construcción de una depuradora, es imposible que haya una incorrecta gestión de la depuración por parte de los ayuntamientos, pues lo primero que no existe es la propia depuradora». De este modo, Regla ha considerado esto como «un compromiso incumplido de la Junta».
En este sentido, la diputada provincial ha concluido que «no es una cuestión de competencia, que las tiene, sino más bien de actitud y de querer aprobar y declarar de Interés de la Comunidad aquellas obras hidráulicas necesarias para paliar la grave situación que está padeciendo la ciudadanía».