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El alcalde de La Línea busca "competencias" con el estatus de Ciudad Autónoma "no separarnos de Andalucía"

Archivo - El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, en una imagen de archivo. | AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

| Cádiz |

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha asegurado este jueves sobre el inicio de los trámites para que su municipio alcance el estatus de Ciudad Autonóma que el objetivo «no es separarnos de Andalucía» y ha enmarcado la aspiración en que «se nos dote de la estructura competencial que dé respuesta a graves problemas que se dan en nuestro municipio y no tiene parangón en ningún otro lugar de España y de Europa» tras advertir seguidamente que «somos el único municipio con frontera Brexit», en referencia a Gibraltar.

En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Franco ha dado cuenta del procedimiento administrativo que ha iniciado el municipio para su conversión en Ciudad Autonóma, un estatus similar al de Ceuta y Melilla, que tiene en la tarde de este jueves un nuevo hito con la convocatoria de un Pleno del Ayuntamiento para encargar un estudio a los Servicios Jurídicos con objeto de interpretar «el sentido del silencio administrativo, si no se nos contesta qué podemos hacer».

El alcalde de La Línea espera respuesta del Consejo de Ministros a una solicitud de convocatoria de una consulta popular para testar la respuesta de la población a la conversión de municipio de Andalucía a Ciudad Autónoma.

Franco ha explicado que la Junta de Andalucía publicó una nota de prensa por la que dio cuenta de que el 11 de abril había remitido el expediente al Consejo de Ministros sobre la autorización de una consulta de la que ha apuntado que «es un ejercicio democrático que se no parece nada a lo que se ha hecho en otras comunidades de este país».

Franco ha expuesto que la legislación administrativa establece un plazo de tres meses de respuesta que, dado que se remitió el 11 de abril, debió expirar el 11 de julio, según las cuentas que ha hecho el propio alcalde de La Línea, para colegir entonces que «el silencio es positivo, aunque no nos vamos a lanzar a las bravas a efectuar la convocatoria de la consulta, es un tema tan delicado, si el Consejo de Ministros nos va a contestar o no».

Cuestionado por el hecho de que la bandera de Andalucía dejaría de ondear en La Línea de alcanzar el estatus de Ciudad Autónoma, Franco ha asegurado que «es una cuestión de sentarnos a hablar, de ver las posibilidades», antes de apelar a que el municipio afronta «problemas de tal calado» que ha esgrimido la vía del artículo 144 de la Constitución Española, que contempla la creación de «una Comunidad Autónoma de ámbito territorial inferior al provincial si se dan cuestiones de interés nacional», momento en que ha blandido que «somos frontera del único territorio de España que mantiene una reivindicación territorial activa».

Tras apuntar problemas como que «somos el municipio de 50.000 habitantes con menor esperanza de vida, con menor nivel de renta, con mayor ratio de desempleo, con los problemas de narcotráfico», Franco ha reconocido la necesidad de revertir la imagen de La Línea tras describir que «los inversores que nos llegan perciben que no es el sitio más adecuado».

Franco ha enumerado otros objetivos asociados a la conversión en Ciudad Autónoma como es responder al hecho de que «hay 11.000 habitantes que viven en La Línea y trabajan en Gibraltar, están cotizando en un fondo de pensiones extranjero, les queda una pensión ridícula y eso repercute» en el municipio, a lo que ha sumado el hecho de que «funcionarios de la Policía Nacional, la Guardia Civil, jueces, fiscales, médicos, enfermeros no quieren venir aquí porque sienten que es una ciudad insegura», de ahi que haya reclamado «un tratamiento diferenciado para estos cuerpos para que tengamos una sanidad y educación de más calidad».

La última meta asociada a alcanzar la condición de Ciudad Autónoma es contar «con un régimen fiscal diferenciado» porque «somos pared con pared con Gibraltar y a raíz del Brexit las empresas se han marchado», por lo que Franco ha abogado por tener «un régimen fiscal diferenciado para que estas empresas puedan volver al municipio».

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