El Gobierno andaluz apurará el plazo de tres meses que prevé la normativa reguladora del Tribunal Constitucional para la presentación de un recurso contra el decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno, el Real Decreto-ley 14/2022, pero al mismo tiempo se marca el objetivo de superar el 7% de ahorro que ha anunciado el Estado como meta de rebaja del consumo energético, una cota que se ha convertido en un compromiso a su vez con la Comisión Europea.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno han sido los consejeros de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, los encargados de dar cuenta de ambos planteamientos.
Sanz, preguntado si el Gobierno andaluz iba a emular el recurso de inconstitucionalidad anunciado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto-ley 14/2022, ha señalado que, en función de las respuestas que ofreció el Gobierno este lunes en la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía, que ha resumido como que «el Gobierno no tiene ninguna voluntad de rectificación» y ante «el conocimiento del no diálogo», «ahora tenemos tres meses para analizar su contenido desde el punto de vista competencial».
«Tenemos tres meses y lo analizaremos con profundidad», ha proseguido afirmando el consejero, quien ha argumentado sobre la estrategia del Gobierno andaluz que se trata de «un Gobierno que apuesta por soluciones, que agota todas las vías», por cuanto ha remarcado que el Gobierno andaluz quiere «poner el énfasis en un modelo energético claro», convencido en este sentido de que «lo tenemos».
Cuestionado por el plazo de tres meses para la interposición del recuros en el Constitucional, Sanz ha recordado que «el plazo lo establece la norma para presentar un recurso», en alusión a la normativa reguladora del Tribunal Constitucional.
El consejero de la Presidencia ha precisado que, ante las dudas jurídicas con cualquier norma, «para eso existe el Gabinete Jurídico, que hará los análisis correspondientes», un paso previo antes de que la última palabra sobre la decisión la tome el Consejo de Gobierno.
«Lo que hacemos es derivar ese análisis al Gabinete Jurídico para que después hagamos los análisis en el Consejo», ha precisado Sanz.