Hace diez meses el Govern que preside Marga Prohens dio a conocer la puesta en marcha de su proyecto estrella en esta legislatura: El Pacto para la Sosteniblidad. El Ejecutivo autonómico pidió a todas las partes implicadas participar de forma proactiva en la redacción de un documento común para aglutinar todas las propuestas de partidos políticos, patronales, instituciones y asociaciones con el objetivo de poner coto a los problemas derivados de la masificación turística y regulación de flujos de visitantes a Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.
El anuncio fue valorado de forma muy positiva porque ya era hora de regular una actividad de la que depende en más de un 80 por ciento la economía balear con criterios realistas y no especulativos, así como el fijar unos parámetros de actuación para defender, ante todo, la calidad de vida de los residentes, así como su bienestar.
La evolución turística en las Islas desde el final de la pandemia ha sido casi cuántica, porque desde 2022 se registran temporadas turísticas récord en visitantes, ingresos, beneficios y contratación laboral. El problema subyacente es que esta evolución trajo consigo un problema en el que nadie había caído antes por su crudeza: el encarecimiento de la vivienda y la falta de vivienda de alquiler a precios normales para los miles de trabajadores procedentes de todas las comunidades autónomas y del extranjero. Este problema afecta también de lleno a los residentes porque han visto como en menos de cinco años se ha quintuplicado el precio de la vivienda, provocando problemas sociales en todos los municipios de las Islas.
Después de meses de negociación, para lo cual se crearon doce mesas de debate para abarcar el amplio abanico de temas a tratar, comenzaron a aparecer las primeras disensiones en el seno de las propias mesas porque las estrategias a seguir eran muy diferentes y con planteamientos difíciles de poder asumir por algún colectivo. Estas discrepancias manifiestas provocaron la marcha de colectivos y la queja de patronales turísticas por entender que el camino que se iba a elegir no era el adecuado.
Todo hacía indicar que el Plan de Sostenibilidad estaría vigente para la temporada 2025, pero la falta de valentía política y la actitud taimada de alguna patronal turística ha provocado que todo quede para el verano de 2026. Es decir, un año antes de las elecciones autonómicas y municipales. Aquí, ya se ve venir el juego político porque del querer hacer al poder hacer, como dice el refranero español, hay un trecho. Y unos dirán que lo propusieron y otros, por el contrario, que no hubo interés alguno en aplicar medidas y propuestas. Y entre unos y otros, aquí no se ha tomado un decisión política de interés general sino más bien visceral.