La relación entre educación y empleo en España ha sido objeto de análisis recurrente en los últimos años. A pesar de que la población cuenta con niveles de formación cada vez más elevados, persisten problemas estructurales en el mercado laboral como la sobrecualificación y el desajuste entre la formación académica y las necesidades reales de las empresas. La Encuesta de Población Activa (EPA) proporciona datos clave para entender este efecto y evaluar su impacto en la economía y la empleabilidad.
Una de las primeras conclusiones que se obtienen al analizar los resultados de la EPA, es cómo el nivel de estudios alcanzado por una persona es determinante para poder acceder al mercado laboral, de tal forma que a medida que el nivel educativo aumenta, el paro disminuye, lo que certifica que una educación de calidad es fundamental para conseguir un empleo. No obstante, y a pesar del incremento que se detecta en la educación y formación de la población, la EPA revela un desajuste entre la oferta educativa y la demanda laboral. Esto se traduce en situaciones de sobrecualificación, donde personas con estudios superiores trabajan en puestos de menor cualificación, y en la escasez de profesionales en sectores técnicos, como por ejemplo en la computación y la informática.
Este desajuste formativo hace referencia a la discrepancia entre las cualificaciones adquiridas por los trabajadores y las competencias demandadas por el mercado laboral, de forma que un trabajador tiene un nivel formativo superior al requerido para su puesto de trabajo. Según los datos de la EPA, España presenta una de las tasas de sobrecualificación más altas de la Unión Europea, debido a que un número significativo de titulados universitarios desempeñan empleos que no requieren un nivel educativo tan elevado. Este fenómeno es especialmente relevante en sectores como el comercio, la hostelería o los servicios administrativos, donde un porcentaje elevado de empleados posee titulaciones superiores.
Uno de los motivos de este desajuste formativo es la propia estructura del modelo productivo español, que ha estado orientado tradicionalmente hacia sectores de baja cualificación, como la construcción y el turismo, sin que haya habido un ajuste adecuado entre la oferta formativa y la demanda de empleo cualificado en sectores estratégicos.
Otro de los factores importantes es que, en comparación con otros países europeos, España ha priorizado la formación universitaria sobre la formación profesional (FP). Sin embargo, la FP es clave en la inserción laboral, ya que en muchos sectores existe una mayor demanda de técnicos especializados que de titulados universitarios. Además, en la Universidad española, la rigidez de los planes de estudio y la falta de prácticas profesionales junto con la escasa presencia de programas duales, dificulta la transición de los titulados universitarios al mercado laboral.
Las consecuencias de este desajuste formativo no son nimias y entre ellas podemos destacar una menor productividad y eficiencia laboral (los trabajadores sobrecualificados no aprovechan todo su potencial) y una mayor rotación laboral, puesto que esos empleados con sobrecualificación tienden a cambiar de trabajo con más frecuencia en busca de mejores oportunidades, generando una mayor inestabilidad en el mercado laboral.
El análisis de la EPA sugiere que el futuro del mercado laboral en España dependerá en gran medida de la adaptación del sistema educativo a las nuevas necesidades económicas y tecnológicas. Algunos de los desafíos incluyen el refuerzo de la formación profesional para mejorar la cualificación en sectores con alta demanda, una mayor conexión entre la universidad y la empresa para mejorar la empleabilidad y evitar la ya mencionada sobrecualificación, así como el impulso de la formación continua y el reciclaje profesional ante los retos que suponen los constantes e ingentes avances tecnológicos.