2021 nos ha dejado un sabor agridulce en el sector de la construcción. Por una parte, nos satisface haber sido el primer sector económico no agrario de las Illes Balears en recuperar las cifras de actividad anteriores a la COVID-19. Sin embargo, la misma pandemia ha provocado un desorbitado aumento de los costes de las materias primas y desabastecimiento que nos ha golpeado duramente.
Hemos cerrado 2021 con un 4% más de inversión en edificación privada que en 2019 sin pandemia, llegando a superar en el archipiélago los 1.500 millones de euros. En obra pública, el balance no ha sido tan positivo. La inversión ha caído un 18 por ciento respecto a 2019. A pesar del aumento de la licitación de la administración autonómica y la local, la caída en un 78 por ciento de la inversión estatal ha lastrado las cifras a negativo. A pesar de esto, nuestro sector ha sido primordial, como ya anunciamos, para la reactivación económica y laboral de las Islas con un turismo que todavía estuvo el año pasado a medio gas.
Es verdad que el sector no ha parado. Tuvimos la suerte de poder seguir sacando nuestras obras a pesar de las restricciones a la movilidad, pero a partir de mediados de 2020, empezamos a advertir un desabastecimiento y un incremento inusual, nunca visto hasta la fecha, del precio de las materias primas, el transporte y la energía. A grandes rasgos, el parón en la fabricación a causa de la pandemia provocó una disminución de la oferta. En cambio, se produjo un aumento de la demanda en todo el mundo fruto de la recuperación económica. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el último año el precio de los materiales se incrementó por encima de los 20 puntos. Es decir, en 12 meses subió más que en 14 años, del 2006 al 2020.
Esto ha provocado importantes incrementos en el coste de las obras, así como retrasos que hemos podido ir subsanando de forma amistosa con los clientes. Sin embargo, en la obra pública, nos hemos encontrado con licitaciones sin los precios actualizados y eso ha provocado que hasta 500 obras en todo el estado hayan quedado desiertas por valor de 230 millones de euros. Aquí, en Balears, hemos contabilizado una decena de licitaciones desiertas. Afortunadamente, organismos de contratación como el Consell de Mallorca, el Ibavi y algunos ayuntamientos han escuchado nuestras quejas y han vuelto a sacar las licitaciones con un aumento de precio. Desde el principio, hemos solicitado insistentemente la necesidad de establecer cláusulas de revisión de precios para garantizar el equilibrio de los contratos.
El escenario actual sigue siendo muy complicado. Los mercados apuntan que la escalada de precios no se va a resolver a corto plazo y conflictos como la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia han empeorado todavía más la situación. Nos preocupa que todas estas circunstancias puedan afectar a la ejecución de los Fondos Europeos Next Generation cuyos proyectos públicos y privados para eficiencia energética serán determinantes estos años. Hay un peligro evidente que se puedan producir cuellos de botella por la lentitud en sacar las convocatorias y que las licitaciones queden desiertas si salen con precios sin actualizar. A todo esto, hay que añadir el problema endémico del retraso en la concesión de licencias de obra en las islas.
El reciente decreto ley aprobado por el Gobierno central para revisar excepcionalmente los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales es un buen avance, pero insuficiente. Entendemos que la mayoría de contratos de obra en Balears quedarán fuera de la revisión por la limitación temporal que establece la norma. Nos sumamos a la petición de la Confederación Nacional de la Construcción de solicitar a la administración una ampliación de las medidas con la incorporación de más materiales básicos afectados por el alza de precios y también cubrir más tipos de obras. Estamos seguros de que el Govern de les Illes Balears y las entidades locales del archipiélago también serán sensibles a esta problemática y adoptarán estas medidas para evitar más perjuicios a las empresas.l